SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0359/2017-S1

El accionante a través de su representante sin mandato alegó que el 20 de febrero de 2017, solicitó a la autoridad demandada un certificado de antecedentes penales, con el propósito de acogerse al Decreto Presidencial 3030 de amnistía; empero, dicha autoridad dejó transcurrir siete días sin que sea respondido su pedido, con esa actitud se habría restringido indebidamente su libertad, tomando en cuenta que era el único requisito que le faltaba a su carpeta y encaminar su trámite.

Es necesario precisar que el art. 125 de la CPE, señala que: “Toda persona  que se considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguido, o que es indebidamente procesado o privada de libertad personal, podrá interponer la acción de libertad…”, de tal manera para su activación se debe cumplir con los siguientes presupuestos: “1) Cuando considere que su vida está en peligro; 2) Que es ilegalmente perseguida; 3) Que es indebidamente procesada; y, 4) O privada de libertad personal o de locomoción” (SCP 0037/2012 de 26 de marzo); en ese contexto, la acción de defensa presentada por el accionante no se encuadra en los parámetros establecidos en la norma constitucional ni en la jurisprudencia constitucional; toda vez que, el supuesto acto de dilación en la que habría incurrido la autoridad demandada, respecto de la entrega del certificado de antecedentes penales impetrado, no restringió el derecho a la libertad; dicho de otra manera, no es posible vincular un trámite administrativo, como en este caso sobre la otorgación de un certificado de antecedentes penales, con el derecho a la libertad.