SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0365/2017-S2

Los accionantes denuncian que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos al debido proceso, a la propiedad privada, al trabajo y a la “seguridad jurídica”, toda vez que dentro del proceso de desalojo por avasallamiento, se cometieron una serie de irregularidades procedimentales por parte del Juez Agroambiental, para luego el 7 de marzo de 2016, emitir la sentencia de primera instancia, donde se omitió valorar las pruebas de cargo que demuestran el cumplimiento de la FES; se incurrió en error de hecho al apreciar pruebas documentales de descargo; se otorgó mayor credibilidad a los testigos de descargo; y se incurrió en aplicación indebida de la ley al aseverar que los demandados eran poseedores de una fracción de terreno desde 1985. Resolución que habiendo sido recurrida de casación en el fondo y en la forma fue resuelta por el Tribunal Agroambiental mediante Auto Nacional Agroambiental                S2 043/2016, en base a una interpretación distorsionada del recurso de casación y de la demanda planteada una motivación arbitraria, revalorización errada de las pruebas, además que no cumplieron con su deber de revisión de oficio en cuanto a los plazos, a la validez de las pruebas y al desarrollo del proceso; omitiendo referirse y responder explícitamente a los puntos cuestionados de forma fundamentada, coherente y en base a la normativa vigente.