AUTO CONSTITUCIONAL 0164/2017-RCA

El Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante decreto de 27 de marzo de 2017, cursante a fs. 167, determinó que previamente a la admisión de la acción de amparo constitucional el accionante subsane los siguientes aspectos: 1) Para cumplir el art. 33.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la relación de los hechos debe ser en forma resumida, cronológica y sin repeticiones; 2) Debe fundamentar la relación de causalidad entre el hecho, el derecho violado y/o el acto ilegal que alega, identificando los derechos o garantías que considera vulnerados -de forma cronológica y cada una en acápites separados-, explicando los motivos y la forma por los cuales señala lesionados, sin confundir los principios constitucionales con los derechos susceptibles a ser tutelados; 3) Con relación al inc. 8 del artículo mencionado, concretar su pretensión y en su petitorio referir a la reparación de los supuestos actos denunciados como vulnerados; toda vez que, el accionante pidió la nulidad de las Resoluciones emitidas tanto por el Tribunal de Personal del Ejército como por el Tribunal Superior del Personal ambos de las FF.AA. del Estado. Asimismo, aclare y fundamente su solicitud respecto al pago de daños y perjuicios, conforme lo previsto por el art. 39 del CPCo; 4) Acredite que la presentación de la esta acción tutelar, se encuentra dentro del plazo previsto en el art. 55 del citado Código, a partir del supuesto acto vulneratorio de derechos fundamentales; y, 5) Explique la razón por la cual incluye, a cada uno de los terceros interesados, en observancia a lo establecido por el art. 35.2 del mencionado Código.

El citado Juez de garantías, mediante decreto de 3 de abril de 2017, cursante a  fs. 178, señalo que incumplió las observaciones dispuestas y reitero que la parte accionante no acreditó documentalmente y ni señaló con precisión la presentación de la primera acción de amparo constitucional. Con dicho decreto el accionante fue notificado el 5 de abril de 2017.

Frente a ello, la parte accionante mediante memorial el 7 de abril de 2017, cursante de fs. 188 y 189, aclaró la fecha de presentación de la primera acción tutelar, fue el 19 de enero de 2017, encontrándose dentro del plazo de los seis meses; sin embargo, ésta no fue admitida por el Tribunal de garantías, por no haber cumplido con los requisitos de forma y de fondo, declarando por no presentada el 30 de enero del citado año y notificada el 2 de febrero de igual año. En ese sentido considera que el plazo para la interposición de la presente acción fue interrumpido durante la presentación de la primera demanda, manteniéndose incólume el plazo de los seis meses.