SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0399/2017-S2

El 8 de noviembre de 2010, Ever Mérida Baldelomar, Fiscal de Materia, comunicó al Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del departamento de Santa Cruz, el inicio de investigación en su contra y otros por la supuesta comisión del delito de amenazas; sin embargo, toda vez que dicho Juzgado no contaba con la respectiva autoridad jurisdiccional, su caso fue remitido a la Jueza de Instrucción Penal Décimo Segunda del igual departamento, Estrella Montaño Ocampo, quien por tener relación de parentesco espiritual con el denunciante se excusó del conocimiento del proceso; de manera que el 8 de noviembre de 2011, su expediente fue remitido al Juzgado de Instrucción Penal Primero Del indicado departamento, registrándose en el sistema “Ianus” con el número “701199201145139”. El 29 de septiembre de 2014, presentó recusación en contra del Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del señalado departamento, porque pretendía realizar actuaciones jurisdiccionales, pese a que ya no tenía competencia; recusación que fue rechazada por dicha autoridad y remitida en revisión; en tanto, su proceso fue enviado nuevamente a la Jueza de Instrucción Penal Décimo Segunda de dicho departamento, quien por segunda vez se excusó del conocimiento de la causa derivándola al Juzgado de Instrucción Penal Décimo Tercero del mismo departamento; el 1 de julio de 2015 ésta autoridad envió su proceso al Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del referido departamento, donde nuevamente fue registrado en el sistema “Ianus”, esta vez con el número “201439889”; finalmente, ambos procesos, fueron unificados en uno solo radicando en forma definitiva en el Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del departamento de Santa Cruz.

Pese a que su proceso a partir del 8 de noviembre de 2011, radicó legalmente en el Juzgado de Instrucción Penal Primero del departamento de Santa Cruz, la autoridad jurisdiccional nunca realizó un control jurisdiccional efectivo del mismo y por el contrario, en forma ilegal en el Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del mismo departamento, continuó la actividad jurisdiccional, generando un fraude procesal por la existencia de un mismo proceso en dos juzgados diferentes, aspecto que le ocasionó un total estado de indefensión.

El 17 de agosto de 2015, presentó al Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del departamento de Santa Cruz, excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, misma que fue corrida en traslado y respondida tanto por su denunciante como por el representante del Ministerio Publico, pero hasta la fecha no ha sido resuelta por la autoridad jurisdiccional; así mismo, el 1 de septiembre del mismo año, presentó incidente de actividad procesal defectuosa, por transgresión al principio del juez natural, fraude procesal, ausencia de reapertura del proceso y nulidad de imputación formal; incidente que también se encuentra pendiente de resolución, pese haberse cumplido con todas las formalidades; demoras procesales que le ocasionaron estado de indefensión y restricción a su derecho a la libertad; posteriormente, el 24 de mayo de 2016 el representante del Ministerio Público, presento acusación en su contra, por lo que el proceso fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, donde el 3 de junio del mismo año se declaró la radicatoria del mismo, pese a que habían cuestiones pendientes de resolución que hubieran evitado la continuidad del proceso y que no fueron resueltas por negligencia del Juez cautelar.