SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0808/2017-S2
Fecha: 14-Ago-2017
1)
Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe escrito presentado el 20 de junio de 2017, cursante a fs. 84 y vta., manifestó que: 1) Evidentemente la Fiscal de Materia, Paulina Lucía Fernández Patsi, emitió la Resolución de Sobreseimiento S-3/2016 a favor de tres personas, sin observar el memorial presentado por la anterior autoridad fiscal, Juan José Quispe Ulo, que dejaba sin efecto la imputación formal contra dos de las tres personas denunciadas, manteniendo firme la Resolución de imputación formal contra Anastacio Tuco Apaza; y, 2) Por un lapsus calami ingresó a pronunciar la Resolución FDLP/EJBS/S-238/2016; error que, en ningún momento fue realizado con dolo o con el ánimo de favorecer, beneficiar o perjudicar alguna de la partes; por lo que, corresponderá valorar los argumentos expuestos por los accionantes y lo referido en el presente informe a momento de emitir la resolución que en derecho corresponda.
Respecto a la falta de valoración de la prueba alegada por los accionantes, corresponde referir que conforme la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, esta jurisdicción se encuentra facultada de forma excepcional a analizar la valoración probatoria de otras jurisdicciones cuando: 1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento, en miras a verificar la existencia de lesión de derechos, sin que esto signifique sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorar la prueba; en el caso concreto, sobre la supuesta omisión en la valoración probatoria desarrollada por la autoridad demandada, de la Resolución FDLP/EJBS/S-238/2016, se advierte que la valoración probatoria fue realizada de forma parcial, al no haberse considerado la invocada por el hoy accionante César Alanoca Huanca, en su recurso de impugnación, además de haber omitido la autoridad demandada considerar en la emisión de la Resolución FDLP/EJBS/S-238/2016, el memorial presentado por el anterior Fiscal de Materia, Juan José Quispe Ulo, en el que se dejaba sin efecto la imputación formal contra dos de las personas denunciadas, manteniendo firme la Resolución de imputación formal contra Anastacio Tuco Apaza; que según informe prestado por dicha autoridad fue debido a un lapsus calami; correspondiendo en tal sentido conceder la tutela también respecto a dicho aspecto.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas
- Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión
- En ese sentido, el juez o tribunal no podrá iniciar una acción invocando ciertas conductas previamente tipificadas para en el curso de la sustanciación del proceso, cambiar las mismas, o peor aún, arribar a una conclusión de que fueron vulnerados otros preceptos por los cuales no se dio inicio al proceso en curso, aquello indudablemente significaría vulneración del principio de congruencia y atentatorio contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto efectivamente se deja en indefensión al procesado quien no podrá asumir la misma de una manera efectiva, alterando inclusive la producción de la prueba de descargo
- impone al tribunal o juez de alzada el deber de su rectificación, asegurándose la estricta correspondencia entre la acusación y el fallo
- por una parte respecto al proceso como unidad, a delimitar el campo de acción de las partes y del órgano jurisdiccional en la que condiciona su desenvolvimiento; por otra, respecto a la estructura de la Resolución, a fin de que absuelva todos los puntos a consideración del juzgador
- la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes
- la congruencia vela por la conexitud del objeto del proceso entre la acusación y la sentencia, en atención a los hechos atribuidos e impidiendo la sanción sobre otros arbitrariamente incluidos. A decir de Claus Roxin, los hechos referidos en la acusación se constituyen en el objeto del proceso penal, que circunscribe su desarrollo a lo descrito en ella (Derecho Procesal Penal. Editores Del Puerto. Buenos Aires, 2010). Al respecto, el «hecho» no es simplemente un determinado tipo penal, sino el acontecimiento fáctico que puede o no configurar una conducta típica
- jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba
- facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios
- otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento
- a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo