SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0904/2017-S2

De la revisión de la presente acción tutelar, el accionante a través de su representante, impugna la Resolución jerárquica OIVE-IS-343/2017, que determinó revocar la Resolución de sobreseimiento de 23 de marzo del año referido; alegando que la autoridad ahora demandada que emitió esa Resolución, vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de debida fundamentación, motivación e incongruencia; en tal sentido, impetra se le conceda la tutela disponiendo dejar sin efecto legal la Resolución jerárquica y merced a ello se dicte una nueva resolución de manera fundamentada, motivada y congruente, respetando los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional.

Precisado el hecho, corresponde remitirnos a los actuados procesales del proceso penal, al ser impugnada la Resolución de sobreseimiento por parte de los querellantes mediante memorial de 4 de abril de 2017, el Fiscal Departamental de Cochabamba, Oscar Ivens Vera Espinoza, ahora demandado, por Resolución jerárquica OIVE-IS-343/2017, determinó revocar la Resolución de sobreseimiento de 23 de marzo del año referido, que fue pronunciada por los Fiscales de Materia asignados a la Corporativa Especializada en Delitos Patrimoniales, ordenando la emisión de la resolución de acusación correspondiente, dentro del término de diez días.

Una vez notificadas las partes y conforme se evidencia en la Conclusión II.3 de la presente Sentencia Constitucional, los Fiscales de Materia mediante memorial de 13 de junio de 2017, presentado ante el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal del departamento de Cochabamba, en cumplimiento a la Resolución jerárquica impugnada, presentaron la acusación formal contra el ahora accionante por la probable comisión del delito de estafa con agravación en caso de víctimas múltiples, seguido por el Ministerio Público a instancia de Jorge Joel Méndez López y otros, la cual mediante decreto de 19 del mes y año señalados, en aplicación de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, el Juez dispuso por Secretaría el sorteo de la causa y la remisión de obrados al Juez o Tribunal de Sentencia bajo responsabilidad (fs. 21). Del antecedente descrito, se establece que las resoluciones pronunciadas en las diferentes etapas del citado proceso penal, fueron adversas al accionante, quien con la pretensión de revertir el fallo de la autoridad demandada deduce la presente acción de amparo constitucional con el objetivo de que se mantenga subsistente la Resolución de sobreseimiento.

En base a este antecedente y asumiendo la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este Fallo, correspondía a la parte accionante no sólo demandar al Fiscal Departamental de Cochabamba; sino también a los Fiscales de Materia de la Unidad Especializada en Persecución de Delitos Patrimoniales Corporativa 3, quiénes en cumplimiento a la Resolución jerárquica impugnada, presentaron la acusación formal contra el accionante por los delitos de estafa con agravación en caso de victimas múltiples; omisión que permite concluir que la parte accionante incumplió el requisito de especificación de la legitimación pasiva prevista por el art. 33 del CPCo, y que debió ser observada oportunamente.

En consecuencia, este Tribunal se ve imposibilitado de analizar los actos denunciados de ilegales ante el incumplimiento de requisitos de orden procesal; lo contrario, implicaría vulneración al derecho a la defensa de las autoridades judiciales que a su turno conocieron el proceso penal motivo de la presente acción tutelar; consecuentemente, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, en virtud de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.