SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0954/2017-S3
Fecha: 20-Sep-2017
III.
La empresa accionante a través de sus representantes considera vulnerados sus derechos al debido proceso, a la igualdad, a los principios de predictibilidad de las resoluciones, de legalidad, y de seguridad jurídica, por cuanto las autoridades demandadas declararon infundado el recurso de casación, alejándose de la aplicación del precedente obligatorio al haber emitido en casos similares un entendimiento diferente, desconociendo el carácter vinculante horizontal de la jurisprudencia; de la misma manera, efectuaron una interpretación inexistente de la norma, al señalar que no se hubiera acreditado el comprador final, cuando el art. 8 del CTB, prohíbe la creación, tipificación y definición de controversias y delitos por analogía; y finalmente, correspondía que los demandados fundamenten de manera efectiva el supuesto cambio de jurisprudencia.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- III.
- que sí procede la tutela constitucional si en esa actividad interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales, incluso a efectos de revisar ‘cosa juzgada’
- la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional
- III.2. La función obligatoria de uniformar la jurisprudencia por el Tribunal Supremo de Justicia
- de un lado, la de unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley.
- el deber de uniformidad jurisprudencial debe ser asumido funcionalmente por los tribunales superiores, esto es, los Tribunales Departamentales de Justicia en respeto a la igualdad en la aplicación de la ley en su doble dimensión, esto es, como derecho fundamental del justiciable (art. 14.II de la CPE) y como principio de la potestad de impartir justicia (art. 180.I de la CPE) y la defensa del principio de seguridad jurídica (art. 178.I de la CPE).
- la jurisprudencia proferida en las distintas materias, tiene dos efectos precisamente con el fin de garantizar la igualdad en la aplicación de la ley y el principio de seguridad jurídica a todos los ciudadanos y definir la coherencia interna del sistema de justicia plural. Estos son:
- a) La vinculación vertical del precedente judicial.
- salvo que, en ejercicio de la autonomía interpretativa judicial, lo hagan por resolución fundamentada que contenga al menos estos elementos: 1) Consideración, cita expresa del contenido interpretativo asumido por el Tribunal Supremo de Justicia; 2) El entendimiento o subregla asumidos en los casos anteriores no es aplicable al supuesto bajo estudio o caso concreto que se analiza; y, 3) Expresión de argumentos que respeten elementos básicos de la racionalidad y razonabilidad para separarse del precedente judicial, que se consideren de mayor peso argumentativo desde y conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hubieren pronunciado jurisprudencia más progresiva a los derechos fundamentales.
- b) La vinculación horizontal del precedente judicial.
- III.3. Análisis del caso concreto
- infundado
- crea incertidumbre en aquellas personas que concurren a la jurisdicción ordinaria
- CONFIRMAR