SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0954/2017-S3

En el caso de examen, la empresa accionante a través de sus representantes, refirió en la presente acción de amparo constitucional, que las autoridades ahora demandadas desconocieron los derechos al debido proceso, a la igualdad, a los principios de predictibilidad de las resoluciones, de legalidad, y a la “seguridad jurídica”; por cuanto, al momento de resolver su recurso de casación en el fondo, aplicaron una sanción por analogía, no justificaron la no aplicación horizontal de la jurisprudencia relacionada a casos análogos, ni señalaron las razones para no haber considerado dicho precedente.

Determinado de esa manera el problema jurídico planteado a través de la presente acción de amparo constitucional, con carácter previo a establecer si las autoridades demandadas a tiempo de emitir en casación el AS 400-1, vulneraron los derechos de la empresa accionante, corresponde señalar que la jurisdicción constitucional no se constituye en una instancia adicional de la jurisdicción ordinaria, administrativa o disciplinaria, no siendo admisible reclamo alguno que pretenda en sede constitucional la reconducción de supuestos errores procedimentales, valoración probatoria presuntamente errónea o incorrecta interpretación y/o aplicación de la norma, salvo que se haya efectuado una enunciación que demuestre con claridad y precisión el vínculo de causalidad que subsista entre la interpretación desarrollada por las autoridades ordinarias y la vulneración de derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado en las tres dimensiones señaladas en la parte final de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente resolución y únicamente a partir del contenido de la última decisión emitida por el tribunal de cierre, instancia con facultades para corregir irregularidades procesales o vulneración de derechos y garantías constitucionales que eventualmente se hubieren producido en instancias inferiores.