SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1000/2017-S3

El 15 de agosto de 2017, fue detenida por funcionarios policiales de la Unidad Anticorrupción quienes la trasladaron a dependencias de la Fiscalía Anticorrupción, donde la incomunicaron y secuestraron sus pertenencias personales y celular,  además de no permitirle la asistencia de su abogado de preferencia, “…es más no se le permite ni siquiera que llame por teléfono a un abogado” (sic).

Así, el Fiscal de Materia -hoy demandado- junto a dos policías procedieron a tomarle su declaración informativa, y concluida la misma, llamaron a un supuesto abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) a quien le hicieron firmar la declaración, del cual no sabe ni su nombre, es más ni le explicó nada sobre su proceso.

Actualmente se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), sin tener conocimiento del motivo por el cual se encuentra privada de libertad, habiendo solicitado verbalmente copias de la denuncia que debería existir en su contra y del cuaderno de investigación para poder asumir defensa, y conocer los hechos que se le atribuyen para su “detención”, tampoco tiene conocimiento de la existencia de proceso penal alguno en su contra para poder acudir ante el control jurisdiccional, “…es más, ni siquiera tienen conocimiento si existe número de caso o investigación abierta en su contra...” (sic).

Su detención ilegal y arbitraria está calificada por la jurisprudencia como una aprehensión ilegal, toda vez que no tiene conocimiento si existe o no el proceso penal en su contra, “…y por ende al no existir previa citación y notificación formal Y NO SE HA JUSTIFICADO por que se prescindió de las mismas…” (sic) para que se encuentre detenida.