SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0767/2018-S1

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia vinculado con su libertad, “razonable valoración de pruebas” (sic); toda vez que, a través del Auto de Vista 210, los Vocales ahora demandados emitieron un fallo sin asignar el valor correspondiente a los veintiún indicios e incongruentemente aplicaron al riesgo procesal del art. 234.10 del CPP, el principio de temporalidad de las medidas cautelares, manifestando que el riesgo no puede ser indefinido; empero, en el riesgo procesal contemplado por el art. 235.2 de la misma normativa procedimental no aplicaron dicho principio justificando este hecho, alegando que mientras dure el proceso investigativo, seguirá latente el peligro de obstaculización.

De los antecedentes conocidos por esta jurisdicción constitucional y de aquellos que se encuentran descritos en las Conclusiones del presente fallo, se tiene que dentro del proceso penal instaurado por la presunta comisión del delito de trata de personas seguido por el Ministerio Público en contra de la ahora accionante, la Jueza de Instrucción Penal Décimo Tercera del departamento de Santa Cruz, en audiencia de cesación de la detención preventiva de 31 de julio de 2018, emitió el Auto 156/2018, rechazando la cesación solicitada, ratificando la Resolución que sustento los riesgos procesales y la consecuente medida excepcional de detención preventiva, por lo que, la imputada -hoy accionante- en audiencia interpuso recurso de apelación incidental contra la citada Resolución (Conclusión II.1).