AUTO CONSTITUCIONAL 0468/2018-RCA

Respecto al cómputo del plazo de los seis meses para su interposición, la uniforme jurisprudencia constitucional, entre ella la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, establece que: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa.

Este entendimiento del plazo o término para la interposición de la acción de defensa, resulta coherente con la ingeniería procesal diseñada por el legislador; puesto que, la jurisdicción constitucional no puede estar disponible de forma indefinida; debido a que su naturaleza y su vocación reparadora es inmediata.