SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0863/2018-S1

Adrián Esteban Oliva Alcázar, Gobernador del departamento de Tarija, a través de sus representantes, por informe escrito de 18 de julio de 2018, cursante de fs. 144 a 147 vta., refirió que: i) La accionante no identificó taxativamente los derechos o garantías que supuestamente se hubieran vulnerado, ni tampoco identificó el acto o hecho vulnerador; por ello, deberá declararse improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por incumplimiento de los requisitos formales establecidos en el art. 33.5 y 8 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ii) La parte accionante no expresó su petitorio de forma clara ni pronunció cuáles fueron los derechos lesionados por la entidad demandada, como tampoco estableció qué daño o afectación se le hubiere ocasionado con la contravención a sus derechos; iii) El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, tuvo la obligación de elaborar nueva propuesta de estructura de cargos y escala salarial, sin incluir los ítems de la provincia Gran Chaco, en virtud a que deben cumplir con sus propias escalas salariales; por ello, el 21 de diciembre de 2017, se remitió dicha propuesta, con la finalidad de que se sancione y promulgue la nueva Ley de Escala Salarial y Estructura Salarial del citado gobierno; y, iv) A través de esta acción tutelar no corresponde exigir el pago de salarios devengados y beneficios sociales, debiendo el accionante acudir ante la instancia administrativa o judicial.

Ratificando y ampliando su informe en audiencia, señaló que, en cuanto al pago de salarios devengados expresado en el petitorio de la acción de defensa planteada, la amplia jurisprudencia emitida al efecto, determinó que la vía constitucional no es competente para atender tal petición; toda vez que, debe cumplirse la subsidiariedad de la línea constitucional y seguir las vías legales a ese efecto; es decir, recurrir a un proceso judicial o laboral.