SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0002/2018-S2

El 10 de enero de 2016, a horas 4:00, en circunstancias en las que su concubino, Edwin Tomás Vizalla Orcko, llegó ebrio a su habitación, habiéndola −según alega− maltratado físicamente; por lo que, incluso tuvo que pedir auxilio y socorro a sus vecinos; éste se habría suicidado, advirtiendo que llamó a la Policía; no obstante ello, siendo el fallecido, Policía, sus “camaradas”, la aprehendieron, comunicando al Fiscal de turno, que fue ella quien le cegó la vida; constando imputación formal en su contra, lográndose incluso su detención preventiva por la presión que ejerció todo el Comando Policial de Beni; a dicho efecto, obteniendo de manera posterior la detención domiciliaria con escolta policial, con derecho de asistir a su fuente de trabajo.

Precisó que, su abogado propuso diligencias policiales previo requerimiento fiscal, proponiendo junto al Ministerio Público, perito en balística del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) La Paz-Sucre, en los nombres de Enrique Marcelino Galarza y Karina Dacner Lazarte, primero que fue notificado personalmente vía cooperación ante el Fiscal Departamental de La Paz, y segunda que no fue notificada; no habiéndose obtenido dichas pericias; toda vez que, “el primero no quiso mandar su pericia”, y existió ausencia de notificación de la precitada; obrando en consecuencia, los tres Fiscales codemandados, a su turno, en los actuados fiscales que acusa de ilegales en su acción tutelar, en contradicción con lo instituido en el   art. 72 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, con total falta de objetividad, a más de haber vulnerado lo previsto en el art. 130 de dicho Código, al no haber concluido los Fiscales de Materia la etapa preparatoria, en el plazo de los seis meses previstos en el ordenamiento jurídico procesal penal.

Enfatiza que, el Fiscal Departamental de Beni, actuó asimismo, de manera ilegal, al aceptar un peritaje de aspersión atómica remitido por el IDIF de La Paz, de forma extemporánea, posteriormente al pronunciamiento de la Resolución de sobreseimiento dictada en su favor; fallo que no consideró dicha pericia, además de las propuestas por su persona, de balística y dactiloscópico, al no haber sido éstas, expedidas en su oportunidad, en virtud al principio de “seguridad jurídica”, que imposibilitaba dejarla en incertidumbre. En ese marco, ante la impugnación efectuada por la parte denunciante, al sobreseimiento dictado, se remitió el cuadernillo de investigaciones al Fiscal Departamental de Beni, quien, reitera, aceptó el dictamen pericial de aspersión atómica, de manera directa, obviando la instancia regular de presentación del mismo ante los Fiscales de Materia, ignorando el instituto de la caducidad, en vulneración de los arts. 130 y 134 del CPP.

Añade, que, el Fiscal Departamental de Beni, reconoció incluso en la Resolución jerárquica FDB/ERL S.-007-2017 de 22 de febrero, que impugna, la existencia de exigencias formales procesales que no fueron cumplidas por los Fiscales de Materia; toda vez que, el dictamen pericial de 25 de octubre de 2016, emitido por Gloria Amparo Paco Salazar, del Laboratorio de Química Forense del IDIF, arribó después de haberse emitido el fallo de sobreseimiento a su favor, no siendo posible, según afirmó, considerar indicios que no hubieran sido acumulados en la etapa investigativa y preparatoria; añadiendo a ello que, resultaba evidente la ausencia de varios peritajes del IDIF-La Paz-Sucre, como de balística y dactiloscopia, respecto a los que, los Fiscales de Materia, no realizaron los reclamos correspondientes; concluyendo, no obstante a lo mencionado que, aun sin dichos informes periciales, se tenía “que hacer justicia a un funcionario policial del Estado”.