SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0005/2018-S3
Fecha: 28-Feb-2018
a)
Germán Huang Lin, por intermedio de su abogado, en audiencia señaló que: a) En cumplimiento a la Resolución Fiscal Departamental FLM S-039/2017, que revocó la resolución de sobreseimiento, ordenó se realice la acusación en el plazo de diez días, la Fiscalía de Tusequis del módulo policial DP - 8, formuló acusación fiscal por el delito de estafa agravada, radicada la causa en el Tribunal de Sentencia Penal Quinto, éste señaló audiencia de salida alternativa, para el 18 de septiembre de 2017; es decir, previo al juicio oral, del cual estaba corriendo plazo, puesto que Justino Fernández Salazar, fue citado mediante edicto, porque no se tenía datos de su domicilio real; empero, se hizo presente en la audiencia conjuntamente su hijo Andrés Fernández Gutiérrez, lo cual consta en el acta, así como la suspensión de la audiencia por falta de la presencia de su abogado defensor; por lo que, se le asignó un abogado de oficio, actuación con la que queda probado que hubo consentimiento libre y expreso por parte del denunciante a la referida Resolución Fiscal Departamental; b) Justino Fernández Salazar, antes de ser acusado fue imputado, instancia en la que no presentó ningún incidente ni excepción; puesto que, podía plantear excepción de incompetencia en razón de materia si consideraba que se trataba de actos civiles de carácter contractual y no lo hizo; c) Cuando existe una resolución de rechazo la misma puede ser objetada ante el Fiscal Departamental, quien puede revocar la resolución y disponer que se realicen ciertos actos investigativos; es decir, que se retrotraiga el procedimiento a la etapa preliminar investigativa para que se siga con la investigación y emita nueva resolución conclusiva, situación en la que sí es permisible que señale la existencia de errores y la falta de realización de algunos actos investigativos a efectos de que la investigación no adolezca de ciertos defectos; y, d) El Ministerio Público podrá emitir resolución conclusiva en etapa de investigación preliminar, no de la etapa preparatoria; es decir, después de la imputación; por lo que, cuando exista una impugnación a la resolución de sobreseimiento el Fiscal Departamental tiene dos opciones: De ratificar la resolución, en cuyo caso concluye el proceso; o, en su defecto revocar la misma e intimar al fiscal inferior para que en el plazo máximo de diez días acuse ante el juez o tribunal de sentencia, que es lo que ocurrió en el presente caso.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- i)
- a)
- denegó
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales”.
- …la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo”.
- En virtud a los preceptos normativos y la jurisprudencia constitucional glosadas en el acápite anterior, es factible sostener que, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen elementos preponderantes del debido proceso y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunal de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estaría en la imposibilidad de precisar contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de impartir justicia, conforme estipula el art. 178. I de la CPE.
- En el contexto de lo señalado precedentemente, la motivación bajo ningún criterio significa que: “…la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (SC 1365/2005-R de 31 de octubre) reiterado en las SSCC 2023/2010-R y 1054/2011-R y, en similar sentido la SCP 0401/2012 de 22 de junio.
- Con relación a la temática objeto de análisis, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0752/2002-R de 25 de junio, señaló que: “…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.
- III.2. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR