SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0005/2018-S3
Fecha: 28-Feb-2018
II.2.
II.2. Mediante requerimiento conclusivo de sobreseimiento, de 20 de febrero de 2017, María del Carmen Roca Mercado y Carmen Delia Moreno Ferreira, Fiscales de Materia de la Fiscalía Corporativa “LOS TUSEQUIS” del módulo policial DP - 8, decretaron el sobreseimiento de Luís Fernando Payo Aguirre, Justino Fernández Salazar y Andrés Fernández Gutiérrez, con los siguientes argumentos: i) De los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigaciones se mostró que los denunciantes Germán Huang Lin, Guoqui Chen y Jinshan Fang, no cumplieron mínimamente con su obligación de referir el hecho real de lo mencionado en la denuncia y en la ampliación, que en realidad nace a raíz de un incumplimiento de contrato; ii) La denuncia presentada contra los imputados, representa simple incumplimiento contractual de naturaleza civil, desnaturalizando la esencia de última ratio que caracteriza al derecho penal, la nueva reformulación precisó la doble relación causal que debe existir para que se configure los ilícitos investigativos, como causa de la disposición patrimonial; iii) La vía civil es la correcta para la resolución, el denunciante podía haber zanjado su situación hace mucho tiempo atrás, con el aditamento, explícito, oportuno, rápido y eficaz de la vía civil y no así de la penal en la que no se encuentran presentes los elementos constitutivos del delito de estafa, al haber recurrido por la vía penal únicamente generó gastos al Estado, a las partes y una pérdida innecesaria de tiempo; y, iv) Si bien el delito de estafa agravada es de orden público y es obligación del Ministerio Público ejercerla de oficio; empero, en aplicación del principio de objetividad establecido en el art. 72 del CPP, debe tomarse en cuenta, no solo las circunstancias que permitan probar la acusación, sino también, las que sirvan para disminuir o eximir de responsabilidad al imputado, como en el presente caso, que no cuenta con los elementos probatorios que permitan acreditar que el delito de estafa agravada existió o que los imputados Luís Fernando Pago Aguirre, Justino Fernández Salazar y Andrés Fernández Gutiérrez, habrían participado en él, al no existir elementos probatorios que los incrimine como participes del hecho, es aplicable el art. 278 del CPP, que establece la facultad que tiene el fiscal de abstenerse de acusar cuando no encuentre fundamento para ello (fs. 6 a 16).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- i)
- a)
- denegó
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales”.
- …la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo”.
- En virtud a los preceptos normativos y la jurisprudencia constitucional glosadas en el acápite anterior, es factible sostener que, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen elementos preponderantes del debido proceso y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunal de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estaría en la imposibilidad de precisar contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de impartir justicia, conforme estipula el art. 178. I de la CPE.
- En el contexto de lo señalado precedentemente, la motivación bajo ningún criterio significa que: “…la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (SC 1365/2005-R de 31 de octubre) reiterado en las SSCC 2023/2010-R y 1054/2011-R y, en similar sentido la SCP 0401/2012 de 22 de junio.
- Con relación a la temática objeto de análisis, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0752/2002-R de 25 de junio, señaló que: “…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.
- III.2. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR