SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0006/2018-S4

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación;     b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales‴ (negrillas son agregadas) (Razonamiento reiterado en la SCP 1164/2014 de 10 de junio).

En el marco precedentemente desarrollado, resulta útil a la problemática a resolverse en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aludir a los principios que el accionante acusa como inobservados por la autoridad demandada, en la interpretación de las normas aplicables para el cómputo del plazo para la presentación del recurso de nulidad contra el Laudo Arbitral, desestimando el razonamiento de los miembros del Tribunal Arbitral para el rechazo del referido recurso, lesionando a su vez su derecho al debido proceso y al deber de fundamentación.

Así, es preciso acudir a lo establecido en el art. 180.I de la CPE, que establece entre los principios procesales en los que se sustenta la jurisdicción ordinaria, el de legalidad, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; y, los principios sobre los que se rige la actuación del Órgano Judicial y de este Máximo Tribunal de Justicia Constitucional, conforme a la disposición contenida en el art. 178.I de la citada Norma, entre otros, los de seguridad jurídica y de respeto a los derechos.

Con relación al rol que desempeñan los principios de rango constitucional y que constituyen principios generales del Derecho, este Tribunal efectuó un claro razonamiento sobre su configuración como elementos guías de interpretación, el que si bien se centró en desarrollar el núcleo duro del principio non bis in ídem en una acción de control de constitucionalidad, resulta pertinente referirse al mismo, simplemente a modo de pedagogía constitucional:

“En teoría constitucional, los principios de rango constitucional, son postulados directrices que hacen posible su aplicación en todos los ámbitos de la vida jurídica, configurándose por tanto como elementos guías de interpretación, con la misión de fundamentar el orden jurídico, supliendo así los  vacíos existentes en el sistema jurídico.