SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2018-S2

León Flavio Alarcón Vargas, mediante Memorándum DGCH/06398/09 de 2 de diciembre de 2009, fue designado como Técnico I de la Dirección de Finanzas, dependiente de la Oficialía Mayor Administrativa Financiera del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, desempeñando las funciones de Cajero desde su contratación hasta la fecha de su despido, percibiendo en tal sentido, la remuneración de un técnico dentro de la escala salarial de dicha entidad, con los incrementos salariales decretados por el Gobierno Central.

Posteriormente, fue notificado con el Memorándum de Agradecimiento de Funciones DTH-JCTCH/B/0400/17 de 9 de junio de 2017, sin causal alguna, destituyéndolo del cargo que asumía en ese entonces como Asistente C de la Unidad de Tesorería, no habiendo recibido llamada de atención previa o sanción alguna, situación que considera lesiva a sus derechos fundamentales; toda vez que, se encuentra dentro del alcance de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012 y de la Ley General del Trabajo.

Lucho Román Escobar Nacho, a través de Memorándum MOA/DGCH/0201/10 de 22 de julio de 2010, fue designado para desempeñar las funciones de Auxiliar de Tesorería de la Unidad de Tesorería dependiente de la Dirección de Finanzas, hasta que se le notificó el 9 de junio de 2017, con el Memorándum de Agradecimiento de Funciones DTH-JCTCH/B/0401/17 de 9 de junio de 2017; mediante el cual, se prescindió de sus servicios sin motivo justificado, tomando en cuenta que durante el tiempo de prestación de los mismos, no habría recibido ninguna llamada de atención como tampoco sanción alguna.

Por lo anterior, acudieron a la Jefatura Regional de Trabajo El Alto dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, denunciando el despido injustificado, instancia que luego de efectuar audiencia, emitió la Conminatoria de Reincorporación JRTEA-BECS-C.R. 054/2017 de 4 de julio; pese a ello, tal determinación no fue acatada, conforme se evidencia en el Informe de Verificación VR - 002/2017 de 25 de Julio, suscrito por el Inspector de Trabajo.