SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0029/2018-S1
Fecha: 06-Mar-2018
a)
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y Fidel Marcos Tordoya Rivas, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron a la audiencia tutelar; sin embargo, presentaron informe vía fax, cursante de fs. 732 a 734 (no consta la firma de los nombrados) expresando lo siguiente: a) Los accionantes no fundamentaron de qué manera el Auto Supremo 345/2016, habría vulnerado sus derechos y garantías constitucionales; b) En cuanto a la falta de valoración de la prueba y la vulneración del derecho al debido proceso por ausencia de fundamentación, la parte accionante sólo citó jurisprudencia constitucional, pero no hizo una argumentación y fundamentación concreta para establecer de qué manera se vulneraron derechos y garantías constitucionales, al emitirse el fallo cuestionado; y, c) Los accionantes incurren nuevamente en lo señalado en el Auto Supremo impugnado, referido al inexcusable cumplimiento del mandato del art. 258 inc. 2 del CPCabrg; en consecuencia, piden se deniegue la tutela solicitada.
La parte accionante considera que los Magistrados ahora demandados, lesionaron su derecho al debido proceso en sus elementos de debida fundamentación, debida valoración de la prueba e interpretación de la legalidad ordinaria, toda vez que los mismos realizaron los siguientes actos ilegales: a) Emitieron el Auto Supremo 345/2016 de 30 de septiembre, sin la suficiente fundamentación; b) Valoraron de modo incorrecto e indebido el memorial de recurso de casación, que vale como prueba para demostrar que se cumplió con todos los requisitos de la casación; y, c) En el citado Auto Supremo declararon la improcedencia del recurso de casación, señalando que el art. 258 inc. 2 del CPCabrg, exige citar el folio en el que se ubica el Auto de Vista denunciado y una precisa identificación del recurso de casación en la forma y en el fondo, interpretación equivocada y demasiado formal en las exigencias del recurso de casación.
De lo descrito en las Conclusiones del presente fallo, se tiene que a raíz de la demanda Coactiva Fiscal instaurada por la entonces Prefectura del Departamento de Pando contra Leopoldo Fernández Ferreira, Pedro Gómez Montero, Eldon Ribera Meireles y Diego Ascarrunz Pacheco, éste último en calidad de representante legal de la Empresa OVANDO S.A., la Jueza de la causa emitió la Sentencia 03/2015, que declaró improbada la demanda mencionada y dejó sin efecto la nota de cargo girada en contra de los coactivados; decisión que fue apelada por la entidad accionante, emitiendo la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, el Auto de Vista de 14 de abril de 2015, por el que se revocó la sentencia apelada y declaró probada la demanda coactiva fiscal.
Contra esta resolución, la Empresa OVANDO S.A. y Leopoldo Fernández Ferreira, interpusieron recursos de casación, por lo que la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 809, anuló el Auto de Vista recurrido, disponiendo que el Tribunal de apelación, pronuncie nueva resolución dando cumplimiento a lo previsto por el art. 236 del CPCabrg; en cumplimiento a esa determinación, el mencionado Tribunal de apelación, emitió el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2015, por el que confirmó la Sentencia 03/2015; decisión contra la cual la parte accionante interpuso recurso de casación en la forma y fondo, emitiendo los Magistrados ahora demandados, el Auto Supremo 345/2016, que declaró improcedente el mencionado recurso de casación, manteniendo firme y subsistente el Auto de Vista recurrido.
Establecidos los antecedentes procesales, se advierte que la entidad accionante identifica como el acto lesivo a sus derechos, el Auto Supremo 345/2016, denunciando que el mismo habría sido pronunciado sin la debida fundamentación, valorando de modo incorrecto su memorial de recurso de casación y con una interpretación “errada” y demasiado formal respecto a las exigencias o requisitos de dicho recurso.
Bajo ese contexto y en relación a la primera denuncia realizada, corresponde señalar previamente que de acuerdo al entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene a la debida fundamentación y motivación de las Resoluciones, como un componente del derecho al debido proceso, por medio del cual se exige que la autoridad demandada realice la exposición y el juzgamiento de los agravios o puntos demandados; es decir, de los hechos cuestionados y planteados por las partes intervinientes, así como una manifestación precisa de las argumentaciones pertinentes y razonables que conduzcan a establecer las correspondientes determinaciones, a fin de resolver el caso sometido a su conocimiento; lo que implica además, hacer conocer los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una específica determinación.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.7.
- II.8.
- i)
- III.1.
- lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió
- no solo debe exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, sino también debe absolver todas las pretensiones expuestas por el administrado o las partes, porque en sentido contrario y en caso de omitir la explicación de las razones que condujeron a una determinada resolución, se suprime una parte estructural de su decisión
- Fragmento 16
- se tiene como un supuesto de improcedencia el incumplimiento del mandato inserto en el inciso 2) del art. 258 del CPC; el precepto legal mencionado contiene los requisitos que debe reunir el recurso de casación y cuyo incumplimiento constituye, conforme se advirtió, en una causal de improcedencia
- Con relación a que se deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, no cabe la menor duda de que esta constituye en una exigencia absolutamente de orden formal y que bien puede ser suplida por la mención de la resolución de la cual se está recurriendo, pues resultaría un exceso la aplicación literal de dicha norma ignorándose la teleología de la misma que es la identificación del acto jurisdiccional impugnado debido a que ello infringiría el derecho de acceso a la justicia y la garantías del debido proceso en su elemento de la doble instancia que debe regirse por el principio pro actione que “…tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados
- Con relación a la exigencia de citar en términos claros, concretos y precisos, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos; se deduce que éste constituye en un requisito de contenido pues delimita la competencia del tribunal casacional el cual deberá resolver sobre los puntos contenidos en el recurso de casación
- pretender ahondar las exigencias antes mencionadas, resulta un exceso que desconocería el propio precepto legal antes mencionado, y claro está, implicaría la restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación (art. 180 de la CPE), se vería afectado y limitado por un rigorismo exagerado promovido por el requerimiento de requisitos de contenido que no están contemplados en la norma.
- Por otra parte, toda resolución que declare la improcedencia del recurso de casación necesariamente debe estar debidamente fundamentada y motivada, no siendo suficiente que se limite simplemente a la enunciación con carácter genérico al incumplimiento de los requisitos de contenidos en el art. 258 inc. 2) del CPC, sino que debe procurarse generar en el recurrente la certeza de que evidentemente incumplió con las exigencias que la norma establece, precisando cuál o cuáles de los requisitos fueron omitidos y por qué se tienen como incumplidos
- aquella labor verificativa del cumplimiento de los requisitos antes anotados, no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica
- REVOCAR en todo