SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2018-S4

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución de 27 de octubre de 2017, cursante de   fs. 26 a 31 vta., concedió en parte la tutela solicitada con relación a los Vocales codemandados, disponiendo la nulidad de la Resolución de 17 del referido mes y año, a cuyo fin ordenó se emita nuevo Auto de Vista en el plazo de tres días a partir de su legal notificación y en base a la fundamentación precedentemente expuesta; asimismo, denegó la tutela respecto al Juez codemandado, basando su fallo en los siguientes fundamentos: a) Respecto al Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI-SUR) del departamento de Cochabamba, como Tribunal de garantías Constitucionales no pueden atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubiesen efectuado las autoridades judiciales; por otra parte, con relación a la falta de fundamentación del Juez a quo codemandado, en la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva referente a los arts. 234.10; y, 235.2 del CPP, dicho aspecto no fue reclamado en la apelación y fundamentación realizada el 17 de octubre de 2017, ante la Sala Penal Tercera del mencionado Tribunal; ya que en esencia, indicó que dicha autoridad no realizó una valoración de todos los elementos probatorios puestos a su conocimiento, identificando tres agravios entre ellos los citados, por lo que al presente no puede reclamar dicha situación; b) Con relación a los Vocales de           la Sala Penal Segunda y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental          de Justicia de Cochabamba –ahora demandados–, se tiene que los mismos                    no realizaron una debida fundamentación de los extremos apelados; es decir,         que existe una falta de motivación en la resolución pronunciada, ya que los extremos reclamados como lesionados, responden a que el hecho ocurrió en un local público, encontrándose ambos en estado de ebriedad, además que debió tomarse en cuenta la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que orienta sobre la proclividad al delito, aspectos que no fueron respondidos por los Vocales en la Resolución impugnada, quienes únicamente hicieron referencia a que el estado de ebriedad debió ser demostrado por el ahora accionante y de igual manera acreditar si contaba o no con antecedentes policiales, afirmando que estos hechos no constaban en el expediente, sin que se hubiesen pronunciado con relación a la proclividad del delito y la Sentencia Constitucional Plurinacional citada por la defensa del hoy impetrante de tutela; y, c) En cuanto se refiere al art. 235.1 siendo lo correcto el numeral 2 del CPP; también ocurre lo mismo, por cuanto debían pronunciarse con relación a la   SC 0795/2014 de 25 de abril, que establece que no se puede fundar la detención preventiva en simples suposiciones sino demostrarla con elementos objetivos y que el Juez a quo, determinó la concurrencia de ese numeral en simples conjeturas sin ningún fundamento real, debiendo dicha situación merecer una respuesta adecuada; empero, los Vocales demandados únicamente se limitaron a transcribir parte de la Resolución del Juez a quo y la SC 0301/2011-R de 29 de marzo, señalando “…que en la etapa de investigación no era posible enervar ese presupuesto y que por ende persistía, cuando el reclamo versaba sobre la concurrencia o no de ese elemento, no de la enervación o persistencia, por cuanto se estaba refiriendo a la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva y no así de cesación; consecuentemente, la resolución emitida por los Vocales recurridos no tiene ninguna fundamentación, por lo que corresponde declarar la procedencia de la acción planteada” (sic).