SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0084/2018-S1

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 28/2017 de 9 de noviembre, cursante de fs. 342 a 344 vta., concedió la tutela solicitada respecto a las autoridades judiciales demandadas, disponiendo dejar sin efecto la determinación asumida por los Jueces del  respectivo Tribunal  de Sentencia Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz ordenando  que el  desarrollo del juicio oral continúe en los ambientes del respectivo Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, entre tanto se restablezca el orden público y la vigencia normal de las instituciones y de la ley en dicha localidad, y denegó la tutela solicitada respecto a la Secretaria Abogada Analía Yujra Arriaga, con base en los siguientes fundamentos: a) El Ministerio Público efectuó una acusación formal y existe una acusación particular contra Ernesto Valencia Yana, Roberto Callisaya Mamani, Claudina Yanarico Quispe y otros, por la presunta comisión de los delitos de asesinato y desaparición forzada de persona tipificados en los arts. 252 y 292 bis del CP; b) En mérito de ello se inició una investigación y se procedió a imputar formalmente a los involucrados, de los cuales estarían detenidos Claudina Yanarico Quispe, Roberto Callisaya Mamani y Jaime Valencia Callisaya; y, declarados prófugos y rebeldes los demás imputados, encontrándose con mandamiento y perseguidos por la Organización Internacional de la Policía Criminal (INTERPOL); c) Dentro la investigación en la etapa preparatoria, el accionante y sus familiares fueron objeto de amenazas graves ya que en audiencia de 5 de febrero de 2016, en el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del precitado departamento, junto a su hermano Juan Cruz Quispe y a su abogado defensor, fueron brutalmente agredidos por una muchedumbre de personas, siendo violentados en lugares vitales, recibiendo golpes y ruptura de prendas de vestir, robándoles documentos libros y actas, constituyéndose este hecho en un grave peligro para la vida, interviniendo el funcionario policial José Guarachi quien persiguió a uno de los agresores, logrando aprehenderlo; empero, una multitud de personas agredieron al uniformado, dejando escapar a los agresores; d) El 6 de noviembre de 2017, en audiencia de continuación de juicio oral debía procederse a la judicialización y reconocimiento de documentos por parte de un testigo; sin embargo, el actuado no se efectuó porque la Secretaria Abogada del Tribunal de Sentencia Penal Primero, informó “… a los jueces técnicos que no se encontraba a disponibilidad de la secretaria del tribunal de sentencia que supuestamente las mismas estarían en oficinas del Tribunal de Sentencia Penal de Achacachi…” (sic), motivo por el cual el abogado del ahora impetrante de tutela solicitó la suspensión de la audiencia, petición que fue atendida por el aludido Tribunal, señalando nuevo día y hora para la continuación del juicio oral, indicando que el mismo se efectuaría en las instalaciones del Tribunal de Sentencia Penal de Achacachi del referido departamento, señalando que las pruebas documentales constituyen mucha carga para la Secretaria Abogada, provocando esa decisión la solicitud de corrección, siendo denegada, anteponiendo la seguridad personal de la parte acusadora particular, del abogado e incluso de los testigos, pues no existe la más mínima seguridad y garantía; por lo que, la vida del ahora peticionante de tutela corre peligro; e) El accionante Rogelio Cruz Quispe sufrió una serie de agresiones y atentados contra su vida en Achacachi del departamento de La Paz, señalando que no existiría seguridad ni garantías, porque la policía aún no restableció su trabajo de manera normal  y carecen de asistencia policial en las audiencias; f) Los informes evacuados de manera individual por los funcionarios policiales Florencio Quispe Chambi, Claudio Laura Nina y Carlos Quispe Daza, coinciden con la existencia de agresiones físicas perpetradas por parte de los familiares y vecinos de los imputados; y,  g) Por los últimos acontecimientos ocurridos en Achacachi del aludido departamento respecto a los disturbios suscitados  en razón al problema del Alcalde y los dirigentes sindicales de dicha localidad, la Policía Boliviana replegó a sus efectivos; así como, también el Ministerio Público, ordenó el retiro  de sus funcionarios a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; en conclusión, dicha localidad no cuenta con el resguardo policial necesario.