SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2018-S3

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 12/2017 de 12 de noviembre, cursante de fs. 78 a 79 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que las autoridades demandadas den cumplimiento a la Resolución 0425/2017, en un plazo de cuarenta y ocho horas; en atención a que, el accionante cumplió con las medidas sustitutivas a la detención preventiva, en aplicación al art. 240 del Código de Procedimiento Penal (CPP), bajo los siguientes fundamentos: i) Conforme a la jurisprudencia constitucional, las autoridades que conozcan una solicitud de cesación de la detención preventiva, deben tramitarla con la mayor celeridad y el presente caso no fue objeto de cumplimiento por parte de los juzgadores, más aún cuando la causa ya contaba con radicatoria en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz en virtud a la providencia de 23 de octubre de 2017, que indica ‘“…que se radica la acusación fiscal en los términos de su redacción y contenido’” (sic); por el cual, el Juez que conoció la causa, perdió competencia; ii) Las autoridades demandadas no tomaron en cuenta que la Resolución 0425/2017 tenía una data de cuatro meses, lo cual es contrario a lo señalado precedentemente, vulnerando el principio de celeridad respecto al procedimiento; y, iii) Si bien es cierto que, conforme a lo establecido en la SC “0331/2010-R de 26 de septiembre” el personal de apoyo jurisdiccional no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa; asimismo, la SCP “0427/2015-S2 de 29 de abril” cambió de línea señalando que tales funcionarios de apoyo judicial tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas.