SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0018/2018

Los arts. 100 y ss. del Código Procesal Constitucional (CPCo), regulan el objeto, la procedencia y el procedimiento del conflicto de competencias jurisdiccionales entre la jurisdicción IOC y la jurisdicción ordinaria y agroambiental; sin embargo, queda claro que las normas aludidas no establecen la oportunidad para suscitar el conflicto de competencias jurisdiccionales; por lo que, la jurisdicción constitucional efectuó un desarrollo jurisprudencial concerniente al respecto; así, en la               SCP 0017/2015 de 4 de marzo, se concluyó que: “…si el proceso
-indistintamente de su naturaleza- fuese iniciado en una determinada jurisdicción; empero, que las autoridades de otra análoga aún teniendo conocimiento de la sustanciación del proceso por autoridad a la que consideran incompetente, no generaron el conflicto de competencias jurisdiccionales dentro de un plazo razonable tan pronto como tuvieron noticia del mismo, sino que, en lugar de activar el mecanismo de la controversia competencial permitieron y consintieron pasivamente que el proceso se desarrolle inclusive superando diferentes fases y etapas procesales, la jurisdicción constitucional entenderá esto como tácita aceptación de la competencia de la autoridad que en principio asumió conocimiento de la problemática; en efecto, no se podrá suscitar el conflicto de competencias jurisdiccionales ante la evidente conducta pasiva de las autoridades que bien pudieron haber reclamado el ejercicio de la jurisdicción oportunamente; consiguientemente, las AIOC y los jueces de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, al considerar invadida su jurisdicción deberán reclamar el ejercicio de la misma, ya sea de oficio o a petición de una de las partes, tan pronto como asumieron conocimiento del inicio del proceso; asimismo, los justiciables, en virtud al principio de lealtad procesal, cuando entiendan que el proceso en el que se encuentran involucrados es sustanciado por autoridad incompetente, deben instar a las autoridades a quienes consideran competentes, a generar el conflicto de competencias jurisdiccionales y no esperar pasivamente la realización de las diferentes etapas procesales. No obstante, nada le impide a esta jurisdicción constitucional examinar minuciosamente cada caso concreto para definir la controversia competencial, lo que no significa de ninguna manera que se esté desconociendo la materialización de la jurisdicción IOC, más aún si la voluntad del constituyente reflejada en la Ley Fundamental, busca la construcción de una sociedad fundada en el pluralismo y la pluralidad” (el resaltado corresponde al texto original).

Posteriormente, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la           SCP 0060/2016 de 24 de junio, realizó un cambio de entendimiento respecto a la oportunidad para suscitar conflictos de competencias jurisdiccionales, señalando que: “…es preciso cambiar el entendimiento de la referida SCP 0017/2015, aplicando el principio de coordinación y cooperación interjurisdicional conforme al mandato de los arts. 190 y 192.III de la CPE, así como el 16 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), en situaciones en las que las autoridades ordinarias no se pronuncian respecto a su competencia en casos en los que se evidencia hechos suscitados en la jurisdicción indígena originaria campesina; las partes o las autoridades de dicha jurisdicción podrán interponer o suscitar en cualquier fase del proceso penal el conflicto de competencias, tomando en cuenta que la ‘tácita aceptación’ de la jurisdicción en materia de conflictos de competencia jurisdiccional suscitada entre las autoridades indígena originario campesina y la ordinaria en materia penal, resulta inadmisible, debido a que se pone en riesgo el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso ante el juez natural como garantías constitucionales.

Consiguientemente, al constituir lo expresado un cambio de línea se entiende que en adelante los conflictos de competencias jurisdiccionales podrán suscitarse en cualquier estado del proceso no siendo exigible que el mismo sea promovido en determinado plazo por cuanto el principio del pluralismo jurídico así lo permite”.

En este entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0060/2016, a tiempo de mutar el entendimiento desarrollado por la SCP 0017/2015, dejó abierta la posibilidad de suscitar conflictos de competencias jurisdiccionales en cualquier momento del proceso, al considerar que la jurisdicción IOC no se caracteriza por etapas o fases procesales.