SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0171/2018-S3

La génesis de la problemática planteada constituye el hecho de que la demandada sin tener ningún derecho propietario, asumiendo vías de hecho hubiera procedido al arado del terreno del accionante, dañando la vertiente de agua o juturi existente en el predio, dejando a su persona, familia y animales domésticos sin el elemento vital para su consumo.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional estableció que no es legal ni válido que una autoridad pública o particular, invocando un supuesto ejercicio legítimo de sus derechos, se atribuya y asuma medidas de hecho, desconociendo la existencia de mecanismos legales para el efecto; por ello y ante tales circunstancias, para la protección de sus derechos, la parte afectada, frente a dichas acciones o medidas, podrá activar la acción de amparo constitucional de manera inmediata sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa; empero, acreditando de manera objetiva la existencia de actos o medidas de hecho asumidas sin causa jurídica y asumiendo la carga probatoria específica de acreditar su dominialidad del bien en relación a las referidas vías de hecho.

El accionante, en ese cometido, demostró que la demandada asumió vías o medidas de hecho al ocupar arbitrariamente el predio del cual se encuentra en posesión, habiendo procedido al arado del terreno, afectando una vertiente de agua existente en el lugar, aspectos que fueron acreditados mediante el contenido del Acta Notariada de 26 de septiembre de 2017, labrada por Ximena Yapur Vargas, Notaria de Fe Pública Segunda de Arani del departamento de Cochabamba, así como por la Declaración Jurada Voluntaria efectuada por Quintín Málaga Orellana, en su condición de Secretario de Agricultura de la Comunidad de Sacha Sacha, Conclusiones II.1,5 y 6.

En ese orden de cosas y por la relevancia que amerita la cuestión planteada, por cuanto se hubiera afectado el derecho de acceso al agua, se debe priorizar su protección, debido a la actitud desplegada por la demandada, quien habría afectado y obstruido el caudal de la vertiente de agua o juturi existente en el terreno, considerando que su regato era utilizado por el accionante para su consumo y el de sus animales domésticos, restringiéndole de esta forma el citado derecho de manera arbitraria; en consecuencia, es imperante remitirnos a lo establecido por los arts. 16.I y 20.I de la CPE, que instituyen al agua como el derecho humano que tiene toda persona y que en su ejercicio individual no puede arbitrariamente ser restringido o suprimido mediante vías o medidas de hecho en su uso racional por grupo social alguno, ya sea una comunidad campesina o colectividad diferente, ni tampoco por persona particular, más aún si constituye un recurso vital del cual depende el ejercicio de otros derechos fundamentales como son el derecho a la vida y a la salud entre otros, no pudiendo ser restringidos arbitrariamente; pues, la limitación injustificada e irrazonable del derecho al agua, que ponga en riesgo la propia vida, de ninguna manera debe ser tolerada dentro de un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que se sustenta en los principios establecidos por el art. 8 Constitucional como son el suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena) ivi marei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), que deben ser observados previamente por toda persona, por lo que la lesión denunciada por vías o medidas de hecho amerita la tutela de la presente acción tutelar.

En cuanto a la forma de adquisición y demás argumentos relativos al derecho propietario del terreno en cuestión, que fueron observados por la parte demandada, este Tribunal, no puede ingresar en mayores consideraciones de orden legal; pues, dichos antecedentes deben ser dilucidados ante la jurisdicción llamada por ley, avocándose ésta instancia, únicamente a la existencia o no de la vulneración de derechos y garantías que fueron denunciados por el accionante, en el caso presente, la perturbación de la posesión, la restricción del derecho al agua y su afectación a otros derechos, que de manera reforzada debe ser protegida ante hechos y actos contrarios a la Constitución Política del Estado.