SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0287/2018-S2

Dentro del proceso penal seguido contra su sobrina menor de edad, iniciado en el mes de agosto de 2017, ante supuestos delitos de tentativa de robo agravado y asociación delictuosa, a conocimiento de Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares dentro de la cual le impusieron “medidas sustitutivas y mi sobrina NO es remitida a su domicilio señalado (…) sino que resulta ingresada en el Centro de Reintegración Social en fecha 25 de agosto del 2017” (sic).

Agrega que la Jueza ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos dispuestos por la misma en un plazo de setenta y dos horas, decidió revocar de oficio las “medidas sustitutivas impuestas”, agravando la situación de su sobrina, a través de la Resolución 291/2017 de 7 de septiembre, disponiendo su detención en el Centro de Reintegración Social para Mujeres.

El 9 de enero de 2018, presentó apelación a la decisión que determinó su detención preventiva, conforme el art. 314 del Código Niña Niño y Adolescente (CNNA). Una vez presentada la apelación y realizadas las diligencias necesarias y decretadas por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, la misma nunca fue remitida al grado superior, reiterando la solicitud por cuatro veces consecutivas, desconociendo en su omisión los principios que rigen dentro del sistema procesal penal para adolescentes. La vulneración se dio ante el retraso de más de dieciséis días injustificadamente de la remisión al superior en grado de los antecedentes de la causa penal para la resolución de la apelación interpuesta, usando para ello argumentos injustificados y dilatorios, que han derivado en que su sobrina siga privada de libertad junto a su bebé en calidad de detenidas preventivamente, pese a la existencia de normativa que prohíbe tal condición.