SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0326/2018-S3

A consecuencia de la nota de 15 de febrero de 2017, presentada por Norma Noemy Coajera Urrutia, estudiante universitaria ante el Director de Asesoría Jurídica de la UMRPSFXCH, denunciando que su persona habría efectuado propuestas indecentes a la indicada universitaria, que fue hostigada a través de citas inapropiadas y peticiones fuera de lugar, adjuntando para el efecto fotocopias simples de supuestas conversaciones realizadas por whatsapp y exámenes, sin identificar la relevancia de cada documento.  

El Jefe del Departamento de Asesoría Legal de la mencionada casa superior de estudios, constituido en Juez Sumariante mediante Auto de “15” de febrero de 2017, dispuso el inicio de proceso administrativo en su contra, mencionando que se hubiera contravenido el art. 106 incs. b) y d) “y parágrafo II” del Estatuto Orgánico de la UMRPSFXCH, además por haberse adecuado su conducta inmoral o atentado a las buenas costumbres dentro del ámbito universitario, dispuesto en el art. 125 incs. a) num. 2 y d) del citado Estatuto.

El 16 de mayo de 2017, asumió defensa, indicando que la denunciante se contacto con su persona con una serie de insinuaciones para que pueda ayudarle en sus calificaciones, aclarando que no cometió falta alguna. Asimismo, reclamó la restitución en el cargo; puesto que, al suspenderlo temporalmente vulneraron su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, también planteó objeción a la prueba y exclusión probatoria, invocando lo establecido en el art. 25 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece la inviolabilidad de las conversaciones privadas, salvo autorización judicial, adujo que de acuerdo al art. 13 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la prueba solo tendrá valor si fue obtenida por medios lícitos e incorporada al proceso de acuerdo a las disposiciones de la Norma Suprema.

El Juez sumariante, sin tomar en cuenta a los testigos propuestos por su persona, así como la documentación que acredita su buena conducta en la sociedad en general y en el entorno estudiantil, emitió la Resolución Final de 26 de mayo de 2017, por el cual le destituyó de su cargo de docente, con el argumento de haber transgredido los     arts. 106 incs. b) y d) y 125 incs. a) num. 2) y d) del Estatuto Orgánico de la UMRPSFXCH.

Después de ser notificado con la Resolución Final, dentro del plazo presentó recurso de revocatoria, denunciando la vulneración de sus derechos de presunción de inocencia, a la igualdad, a la defensa, a la privacidad de conversaciones y la existencia de una sanción con incorrecta valoración probatoria; ya que su conducta no se subsume a ningún acto inmoral, por tanto, existiría falta de tipicidad; a raíz de ello, se emitió la Resolución de Recurso de Revocatoria de 5 de junio de 2017, que confirmó dicha Resolución Final, sin haberle dado respuesta a los argumentos planteados en su recurso.

En el proceso administrativo disciplinario, describió haber sido víctima de un acto de discriminación, pues fue sancionado por personas que no tienen competencia, sin respetarse el art. 4.5 del Reglamento de Procesos Universitarios de la UMRPSFXCH, que establece que el procesamiento en este tipo de trámites, debe llevarse ante el Tribunal Permanente de Procesos Universitarios; en un caso similar al suyo, se aplicó la normativa referida, donde fue procesado el docente infractor por el Tribunal citado y sancionado con cuatro meses de suspensión al cargo, y no con destitución como ocurre en su caso.

Existe falta de valoración integral de la prueba, al apartarse las autoridades demandadas de los marcos de razonabilidad y equidad, al fundar su decisión en simples fotocopias o impresiones de una supuesta conversación entre la denunciante y alguien vía whatsapp, sin que exista certeza que hubiere sido su persona.