Sentencia Constitucional Plurinacional 0302/2018-S1 de 9 de julio

Este razonamiento ha sido ratificado por la SCP 0731/2015-S2 de 3 de julio, que ha señalado: “En este sentido, la prohibición del art. 11 de la LTCP, que ha sido también contemplado en el art. 81.I del CPCo, en sentido de que la acción de inconstitucionalidad concreta debe plantearse hasta '…antes de la ejecutoria de la Sentencia', provoca se entienda el término sentencia en su concepción latu sensu ó genérica entendida como equivalente a resolución   -piénsese por ejemplo, que cuando una Sentencia Constitucional Plurinacional deniega la tutela sin entrar al fondo de la problemática, no por ello deja de tener ese nombre, entre otros ejemplos-, lo que no implica que mediante la acción de inconstitucionalidad concreta pueda impugnarse sentencias con calidad de cosa juzgada (art. 46 de la LTCP recogido también en el art. 81 del CPCo), aspecto congruente con el AC 0435/2012-CA de 20 de abril, que estableció que: '…planteado el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, y ante el posible rechazo del mismo, no es necesario que el proceso judicial o administrativo, según sea el caso, tenga que paralizarse toda vez que al no considerarse inconstitucional la norma o normas impugnadas, no tendría sentido la paralización del proceso, máxime si en grado de revisión, el Tribunal Constitucional, de revocar el rechazo y admitir el incidente, tendría facultades de anular la Resolución pronunciada sobre la base de una norma considerada inconstitucional…', por lo que, no existe la posibilidad de que el uso indebido del incidente de inconstitucionalidad interrumpa la tramitación de las causas administrativas o judiciales en perjuicio de la administración de justicia”

Entonces de todo lo precedentemente expuesto, se llega a la conclusión que cuando el juez acepta promover la acción de inconstitucionalidad concreta contra una norma, es únicamente en este caso que el juez debe proseguir la tramitación del proceso hasta antes de la emisión de la sentencia y suspender el tramite antes de la emisión de la sentencia hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional, emita la Sentencia Constitucional Plurinacional, esto porque su decisión depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada.

Empero, y en caso de que el Juez o Autoridad Administrativa haya decidido rechazar promover la acción de inconstitucionalidad concreta, al considerarla constitucional la norma impugnada, el tramite del proceso no debe ser paralizada, mas al contrario debe continuar hasta la emisión de la sentencia o resolución respectiva; en vista de que para el juez, es constitucional la norma cuestionada por la parte, máxime si en grado de revisión, el Tribunal Constitucional Plurinacional, de revocar el rechazo y admitir el incidente, tendría facultades de anular la Resolución pronunciada sobre la base de una norma considerada inconstitucional.