SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0429/2018-S3

La SC 0337/2010-R de 15 de junio, precisó lo siguiente: “Bajo las premisas antedichas, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales al realizar sus actuados procesales, deben aplicar los valores y principios constitucionales citados supra, en consecuencia, para el caso en los cuales las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, tienen la obligación de tramitarla con celeridad, sin necesidad de esperar al último día del cumplimiento de los plazos legalmente previstos; y, para el supuesto en los cuales no se tenga un plazo previsto, la absolución de la petición debe realizarse dentro de un plazo razonable. Actuar de manera distinta a la descrita, provoca dilaciones indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde activar el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…” (las negrillas y subrayado nos corresponden).

Consiguientemente, se puede señalar que las autoridades judiciales o administrativas al conocer una solicitud de documentación relacionada con un privado de libertad, deben tramitar la misma con la debida celeridad, no significando que debe darse curso de manera positiva, sino efectuarse un análisis y apreciación de las peticiones realizadas siendo contestadas con el fundamento necesario.