SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0684/2018-S3

El Juez Público de Familia Décimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01 de 2 de marzo de 2018, cursante de fs. 557 a 578, concedió tutela solicitada, dejando sin efecto cualquier desapoderamiento ordenado mediante providencia de 23 de enero de igual año, asimismo los mandamientos de desapoderamiento hasta que se determine la ubicación exacta del inmueble que fue objeto de remate y no se afecte derechos de terceros; bajo los siguientes fundamentos: a) Del análisis efectuado al plano catastral emitido por el Instituto Geográfico Militar (IGM), con el que se realizó el avaluó correspondiente así como la certificación del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, se constató que el supuesto predio a ejecutarse no cuenta con UV.MZ.LOTE, por consiguiente no se identificó registro alguno en el sistema del Registro Único para la Administración Tributaria  (RUAT); asimismo, se detalló que el inmueble en litigio se encuentra en el radio urbano encontrándose debidamente homologado; anomalías que no pueden inobservarse, puesto que el IGM dentro de la mancha urbana no realiza planos de uso de suelos y menos certificados catastrales, documento que curiosamente se lo expidió en Montero existiendo oficinas centrales en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; b) Los accionantes acreditaron debidamente su derecho propietario, con pagos de impuestos, folio real y certificado de tradición y testimonio de propiedad, encontrándose el inmueble de su propiedad en garantía en una entidad financiera y evidenciándose la posesión legítima y pacífica, ocupándola como vivienda; c) El informe del Secretario en suplencia legal de la Oficial de Diligencias del Juzgado de la Causa, constató que ni el mismo se encuentra seguro de la ubicación del inmueble a desapoderar; d) Se acreditó los requisitos respecto a las medidas de hecho, puesto que se hallan en una franca situación de desventaja, al no tener la oportunidad de defenderse, con relación al peligro o daño inminente al consumarse el desapoderamiento se atentaría contra los derechos al debido proceso, propiedad privada y vivienda; y, e) Se demostró su derecho propietario con la debida documentación y no consintieron los actos puesto que interpusieron oposición al desapoderamiento.