DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0077/2018-S4
Fecha: 12-Sep-2018
en aquellos casos en los cuales las autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo a sus normas y procedimientos, decidan de manera voluntaria, someter asuntos de su jurisdicción a la jurisdicción ordinaria, ésta deberá sustanciar y resolver la problemática, considerando las particularidades del caso y aplicando criterios de complementariedad e interculturalidad
Así también, está plenamente acorde al orden constitucional, que las comunidades, en este caso el de la referida comunidad, a través de sus medios y procedimientos propios, opten trasladar sus conflictos a conocimiento de la justicia ordinaria; tal como lo determinó la SCP 0764/2014 de 15 de abril, al señalar que: “…a partir de la garantía de goce efectivo del derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, consagrado en el art. 2 de la CPE, si bien el art. 10.I de la LDJ y por ende la aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina debe ser interpretada de manera extensiva y no restrictiva o limitativamente, no es menos cierto que en aquellos casos en los cuales las autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo a sus normas y procedimientos, decidan de manera voluntaria, someter asuntos de su jurisdicción a la jurisdicción ordinaria, ésta deberá sustanciar y resolver la problemática, considerando las particularidades del caso y aplicando criterios de complementariedad e interculturalidad” (las negrillas son ilustrativas).
Sin embargo, no puede pasar inadvertido que en aplicación de la norma del “respeto a la propiedad”, a través de la Resolución de 4 de marzo de 2015 también se haya dispuesto “confirmar” y “consolidar” el “derecho propietario del comunario Manuel Ledezma C. y de sus hijos” (sic); ya que esta determinación, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Declaración y según los Informes remitidos por la Unidad de Descolonización a esta Relatoría, se encuentra fuera del propósito y alcance de la norma del “respeto a la propiedad”, misma que según el valor otorgado por la referida comunidad, se circunscribe al resguardo de la convivencia armónica y no alcanza a justificar la declaración del derecho propietario a favor de ningún comunario, con mayor razón si se toma en cuenta que existe un proceso de saneamiento pendiente llevado adelante por el INRA, del que resultará la determinación de la propiedad individual que le corresponde a las partes en conflicto.
En consecuencia, se colige que la decisión asumida por la comunidad Viscachani del “Cantón” Toro toro, Segunda Sección de la Provincia Charcas del departamento de Potosí, en la Resolución de 4 de marzo de 2015, en ejercicio del derecho a su jurisdicción, se encuentra acorde a su cosmovisión y valores propios, únicamente en lo que respecta al “respeto a la propiedad”, comprendida como una norma tendiente al resguardo de la convivencia armónica en la mencionada comunidad; más no así, con relación a la declaración del derecho propietario individual sobre las parcelas en conflicto, que será determinado por la autoridad competente.
- consulta de autoridades indígena originario campesinas (IOC) sobre la aplicación de sus normas a un caso concreto
- I.1. Contenido de la consulta
- I.3. Trámite ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- no solamente ejerce el control sobre normas formales, sino también sobre las normas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, además de conocer los conflictos de competencias entre las diferentes jurisdicciones y de revisar las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción indígena originaria campesina cuando se considere que estas normas son lesivas a los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Estas facultades fueron introducidas en la actual Constitución Política del Estado, en mérito al reconocimiento expreso a los derechos de los pueblos indígenas originario campesinos, a la igualdad jerárquica de sistemas jurídicos y jurisdicciones
- III.2.
- la aplicación de sus normas a casos concretos, tienen por objeto garantizar que dichas normas guarden conformidad con los principios, valores y fines previstos en la Constitución Política del Estado
- el objeto material de este tipo de procesos constitucionales plurinacionales, es una norma o institución jurídica o cultural de un PIOC, destinada a regular algún aspecto de la vida del pueblo en cuestión, que será aplicada en un caso concreto, y de cuya consonancia con el sistema constitucional los propios habitantes y AIOC tienen dudas; más, no es un proceso útil para dejar sin efecto las normas propias de estas entidades, pues ello implicaría la asimilación forzosa por mandato de una sentencia, sino sólo para la identificación de cánones de interculturalidad y convivencia de ambos sistemas normativos, de forma no lesiva a los derechos fundamentales de las personas integrantes del grupo cultural con derecho propio
- no pudiendo la justicia constitucional emitir pronunciamiento alguno sobre el caso concreto
- podrá plantearse en cualquier momento sea antes de emplearse al caso concreto o después de haberlo hecho, en razón a que la norma de desarrollo no establece de manera expresa el momento en que podrá efectuarse y porque no se encuentra dentro del ámbito de control previo de constitucionalidad
- III.2.2.
- para realizar el control de constitucionalidad y contrastación de la norma o regla consuetudinaria con la Constitución
- siendo suficiente que responda a la naturaleza jurídica de la consulta y encontrarse dentro de su ámbito o alcance de control de constitucionalidad
- III.3.
- es la base para su convivencia armoniosa
- El respeto es una norma oral
- III.4.1. Consideraciones previas
- en aquellos casos en los cuales las autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo a sus normas y procedimientos, decidan de manera voluntaria, someter asuntos de su jurisdicción a la jurisdicción ordinaria, ésta deberá sustanciar y resolver la problemática, considerando las particularidades del caso y aplicando criterios de complementariedad e interculturalidad
- 1º
- En esencia la plurinacionalidad rompe con la concepción del Estado-Nación homogeneizante y asimilacionista de concebir un solo Estado con una nación, una cultura, una lengua: el de la cultura dominante; por el contrario, reconoce a los pueblos indígena originario campesinos como naciones con capacidad para definir sus destinos en el marco de la unidad (art. 2 de la CPE), que se interrelacionan en un mismo territorio y se garantiza el fortalecimiento de esas identidades plurinacionales. La plurinacionalidad como nuevo enfoque de la diversidad, reconoce el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su cultura, sus instituciones y forma de promoción y gestión de su desarrollo, como factores de cambio dentro del proceso de descolonización y construcción de la plurinacionalidad.
- Entendemos que el Estado Plurinacional es un modelo de organización política para la descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía territorial, para alcanzar la vida plena, para vivir bien, con una visión solidaria, de esta manera ser los motores de la unidad y el bienestar social de todos los bolivianos, garantizando el ejercicio pleno de todos los derechos. Para la construcción y consolidación del Estado Plurinacional son fundamentales los principios de pluralismo jurídico, unidad, complementariedad, reciprocidad, equidad, solidaridad y el principio moral y ético de terminar con todo tipo de corrupción