SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0428/2018-S3

Fue contratado el 9 de febrero de 2011 para prestar sus servicios en la Alcaldía Municipal de Oruro -hoy Gobierno Autónomo Municipal de Oruro-, desempeñando sus funciones en diferentes cargos de carácter técnico operativo administrativo, hasta que el 6 de febrero de 2017, sin previo aviso le suspendieron el marcado de control de ingreso, comunicándole que se habría determinado el agradecimiento de sus servicios.

Por aquella decisión arbitraria e ilegal, denunció su despido injustificado ante la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, bajo el amparo de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012 y otras normas que protegen la estabilidad laboral de los trabajadores municipales, emitiéndose en consecuencia la Conminatoria 016/2017 de 13 de abril, que dispuso su inmediata reincorporación a su fuente de trabajo en el plazo de tres días hábiles; sin embargo, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro impugnó dicha determinación a través del recurso de revocatoria, aspecto que motivó el pronunciamiento de la Resolución Administrativa (RA) 051/2017 de 15 de mayo, en la que la instancia administrativa antes mencionada resolvió mantener firme e incólume la Conminatoria recurrida.

Debido a ello, la entidad Municipal interpuso recurso jerárquico, dando lugar a la emisión de la Resolución Ministerial (RM) 1159/17 de 21 de noviembre de 2017, por la que el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social confirmó totalmente la Conminatoria 016/2017, así como la RA 051/2017, constituyéndose dicho actuado en la última determinación a ser cumplida por la autoridad demandada.

Pese a ello, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro no procedió con su reincorporación, negándole restituirle a su trabajo, desobedeciendo de forma flagrante lo dispuesto por las autoridades administrativas en el ámbito laboral, y vulnerando sus derechos constitucionales vinculados con la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su familia.