SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0479/2018-S3

Los aspectos antes descritos, inequívocamente implican un cambio de roles de los jueces, cuya labor en un contexto ius-positivista, se limitaba a una interpretación exegética, merced al método de la subsunción; de manera que, los jueces ordinarios y autoridades administrativas, no estaban facultados a realizar ningún juicio de valor ni siquiera vinculado a la compatibilidad de la norma con los Derechos Fundamentales; en cambio, en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, las autoridades jurisdiccionales son las primeras garantes del respeto a los derechos fundamentales y deben aplicar directamente los derechos en el marco de pautas específicas de interpretación y de acuerdo a una coherente argumentación jurídica.

En cuanto a la Teoría del Bloque de Constitucionalidad aplicable al Estado Plurinacional de Bolivia, ésta fue desarrollada en la SC 0110/2010-R, que realizando una interpretación extensiva y evolutiva del art. 410.II de la CPE, estableció que el Bloque de Constitucionalidad está conformado por la Constitución como texto escrito; los tratados internacionales referentes a Derechos Humanos incluidas las decisiones y directrices que emanen tanto del Sistema Universal como Interamericano de Protección de Derechos Humanos; los Acuerdos de Integración y los principios y valores supremos de carácter plural.

En este marco, la doctrina del Bloque de Constitucionalidad boliviano a la luz del vivir bien, tiene la finalidad brindar amparo al principio de supremacía constitucional, denomina también ‘principio de constitucionalidad’, a partir del cual operará el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, irradiando e impregnando de  contenido a todos los actos de la vida social,  tal  cual  establece  el art. 410.I de la Norma Suprema con relación al 256 de la misma.

A manera de corolario, debemos manifestar que, en el ámbito jurisdiccional, el fenómeno de constitucionalizacion, se opera en la labor de contrastación que deben realizar los jueces, antes de la aplicación de las leyes y cualquier norma infraconstitucional con relación al Bloque de constitucionalidad, y como efecto de dicha labor, empleando la primacía constitucional y en su caso las normas y disposiciones más favorables a los Derechos Humanos, pueden inaplicar a un caso concreto las que resulten contrarias al referido Bloque de constitucionalidad” (las negrillas fueron agregadas).

De la jurisprudencia constitucional glosada, se tiene que la Constitución Política del Estado, es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable, por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional como garante de la Norma Suprema, contralor de la constitucionalidad y de los derechos y garantías constitucionales; por los jueces y tribunales de garantías, que ejercen justicia constitucional; las autoridades judiciales de la jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y demás jurisdicciones especializadas reguladas por ley, a tiempo de administrar justicia; y, también por las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones, como garantes primarios de la Constitución, debido al fenómeno de irradiación constitucional del ordenamiento jurídico; lo que quiere decir, que en el marco del principio de constitucionalidad, todo el orden jurídico y político del Estado y los actos de los administradores de justicia y las autoridades administrativas, deben ser compatibles con el contenido del texto constitucional, por ser la norma suprema del ordenamiento jurídico y por ende aplicarse sus mandatos con preferencia a cualquier disposición normativa con rango inferior, de acuerdo al mandato del art. 410.II de la CPE.

La directa aplicación de la Constitución, implica que las autoridades judiciales y administrativas, utilicen a tiempo de resolver una problemática, el método de la interpretación desde y conforme al bloque de constitucionalidad, verificando que la ley formal o material, se encuentre conforme a la parte dogmática de la Norma Suprema y en caso sea contraria a la misma, corresponderá que apliquen esta última e inapliquen la norma infraconstitucional al caso concreto, sin que ello signifique que dichas autoridades, estén usurpando funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, puesto que las mismas no declararán en ningún momento la inconstitucionalidad de la norma, sino sólo harán prevalecer la Constitución por encima de la ley formal o material, ante la posible colisión de normas aplicables a un caso específico.

El art. 196 de la CPE reconoce al Tribunal Constitucional Plurinacional, como la entidad encargada de velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías constitucionales; lo que nos da a entender que Bolivia adoptó un control concentrado de constitucionalidad; sin embargo, remitiéndonos al mandato del art. 410.II de la Ley Fundamental, tenemos que la Constitución es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico y por tanto goza de primacía en su aplicación frente a cualquier disposición normativa de rango inferior, la que no se encuentra encomendada solo al Tribunal Constitucional Plurinacional, sino a toda autoridad judicial o administrativa, lo que nos demuestra que nuestro Estado adoptó también un control difuso de constitucionalidad; coligiéndose de ello que Bolivia asumió un control mixto de constitucionalidad (concentrado y difuso). Así el control concentrado lo realizará el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante las acciones de defensa y los procesos constitucionales regulados en el Código Procesal Constitucional; y el control difuso lo realizarán todas las autoridades judiciales y administrativas a tiempo de ejercer sus funciones, contrastando antes de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, si las normas infraconstitucionales son compatibles con la Norma Suprema, y en caso de no ser así, tienen el deber de aplicar la Constitución e inaplicar las normas de menor rango, pero no con efectos derogatorios ni abrogatorios; toda vez que, estas autoridades no declararán la constitucionalidad ni la inconstitucionalidad de la norma legal, sino solo la inaplicarán al caso concreto, luego de realizar una adecuada y suficiente fundamentación y motivación que sustente su decisión, con la finalidad de que el justiciable perciba que no se encuentra ante una resolución arbitraria.