SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0497/2018-S4
Fecha: 05-Sep-2018
1)
Jorge Alejandro Vargas Villagómez y Blanca Carolina Chamón Calvimontes, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a través de informe escrito que consta de fs. 58 a 63, informaron que: 1) No consta ningún memorial de apersonamiento ni tampoco el señalamiento de un domicilio procesal en la ciudad (Tarija) de parte de la accionante, conforme prevé el art. “72 del Código Procesal Constitucional (CPCo)”, negligencia que la impetrante de tutela pretende subsanar en la presente acción constitucional; 2) La accionante fue legalmente notificada en audiencia con la apelación planteada por el Ministerio Público; es decir, que tenía conocimiento de dicho recurso y que debía ser remitido a la Sala Penal de turno; estuvo acompañada de su abogado de confianza, quien tenía la obligación de asesorar en todo momento a su cliente tal como dispone el art. 9 incs. 3) y 10) de la Ley del Ejercicio de la Abogacía; es decir, tenía conocimiento que la apelación debía ser fundamentada en audiencia, a la que debió asistir y contestar los agravios del Ministerio Público; empero, no hubo apersonamiento de la imputada en la Sala Penal Primera, demostrando un total desinterés en el proceso penal pese a que se le está acusando por un delito de narcotráfico; 3) De acuerdo a la SC 0803/2010-R de 2 de agosto, no es obligatoria la notificación personal a las partes con el señalamiento de audiencia de consideración de medidas cautelares, por cuanto dicho actuado procesal no está previsto por el art. 163 del CPP; por ende, se procedió a notificar a la imputada en tablero judicial; 4) Se designó defensor de oficio alterno, con la finalidad de precautelar el derecho de la imputada, no así imponerle un abogado defensor, no se cuartó su derecho a la defensa ya que podía contratar los servicios de cualquier profesional en derecho que ella considere de su confianza para asumir el derecho que alega lesionado; sin embargo, no lo hizo; 5) Con relación a la Sentencia constitucional que mencionó la accionante, la misma se emitió el 14 de marzo de 2018 y cuando se emitió el Auto de Vista cuestionado éste siguió el entendimiento de Sentencia Constitucional 0803/2010-R de 2 de agosto; además, la Sala Penal Primera cuenta con excesiva carga laboral y con la finalidad de dar celeridad a las apelaciones planteadas está aplicando lo dispuesto por dicho pronunciamiento constitucional; y, 6) En consecuencia, al haber revocado la resolución del Juez inferior y dispuesto la detención preventiva de la imputada, en modo alguno se vulneró su derecho a la libertad, por cuanto de conformidad con el art. 251 del CPP, es una potestad legal de las Salas Penales considerar y resolver apelaciones incidentales sobre medidas cautelares.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- Fragmento 5
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La finalidad de la notificación de los actos procesales: El efectivo conocimiento de la actuación judicial para garantizar el ejercicio pleno de los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva de las partes procesales
- la notificación de los actuados procesales no constituye una mera formalidad, sino que tiene el objeto de hacer saber o comunicar al procesado sobre la existencia del proceso, debiendo los órganos encargados de administrar justicia asegurar que quien haya de ser procesado asuma conocimiento efectivo del proceso a los efectos de que ejerza su derecho a la defensa
- que el amplio e irrestricto derecho a la defensa no se constituya en un enunciado formal sino que tenga plena eficacia material, lo que podría darse si la comunicación procesal no cumple su finalidad; esto es, que las partes tengan conocimiento del actuado procesal en cuestión
- sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y Resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión
- no significa que las formas procesales en general, sean irrelevantes y puedan ser ignoradas en su totalidad como regla de comportamiento procesal por los órganos jurisdiccionales o administrativos. Por el contrario, ellas son importantes y deben ser respetadas, precisamente porque al ser instrumentales protegen derechos fundamentales y garantías constitucionales, como son la defensa y la tutela judicial efectiva, sin embargo, no al punto de hacer prevalecer las formas o formalidades sobre los derechos fundamentales, sino por el contrario, haciendo valer los mismos sobre las formas cuando se tenga que invalidar los actos a través de las nulidades procesales
- III.2. La notificación con la providencia de fijación de audiencia de apelación incidental de aplicación de medidas cautelares
- la notificación con la providencia que señala audiencia de consideración de la apelación de medidas cautelares, no es obligatorio que sea practicada de manera personal a las partes, debido a que dicho actuado procesal no se encuentra previsto dentro de las causales descritas en el art. 163 del CPP.
- Sin embargo de lo señalado precedentemente, cabe aclarar que cuando el recurso de apelación deba ser conocido y tramitado por un Tribunal de alzada, que se encuentre en un asiento judicial distinto respecto del juzgado de origen donde se sustancia el proceso principal -supuesto que acontece en el caso de las provincias, considerando la distancia que existe entre éstas y el Tribunal de apelación conformada por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, que tienen asiento judicial en las capitales de departamento-, se deberá disponer la notificación con la providencia que señala día y hora de audiencia para considerar la apelación de medidas cautelares, en el domicilio procesal que las partes hayan constituido en su primera actuación, en cumplimiento a la previsión legal contenida en el art. 162 del adjetivo penal, referido al lugar donde deben practicarse las notificaciones, con el fin de garantizar la presencia de las mismas y de sus abogados patrocinantes al actuado procesal antes referido, y de ese modo no vulnerar el derecho a la defensa de las partes
- III.3. La aplicación de la jurisprudencia constitucional en el tiempo
- Un precedente constitucional, al constituirse en un medio por el cual la Constitución Política del Estado desplaza su eficacia general, tiene validez plena en el tiempo y, por ende, no está regido por el principio de irretroactividad, lo que significa que puede ser aplicado a hechos pasados en forma retrospectiva, sin importar que los hechos a los que ha de aplicarse el entendimiento jurisprudencial hubieren acaecido con anterioridad al precedente constitucional
- La cosa juzgada
- la prohibición de aplicar retroactivamente un precedente que podría restringir el derecho de acceso a la justicia constitucional
- el cambio o reemplazo del precedente vinculante, es aplicable en lo sucesivo y conforme a los criterios asumidos en el nuevo fallo
- III.4.1. Sobre la actuación de los Vocales demandados
- por lo que corresponde conceder la tutela solicitada
- la concesión de tutela antes determinada, debe ser entendida sin responsabilidad en su actuación
- III.4.2. Sobre el fundamento del Tribunal de garantías para denegar la tutela
- REVOCAR
- 3° Disponer