SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0646/2019-S3

Respecto al cómputo del plazo de seis meses para la formulación de las acciones de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, estableció que: ‘Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa’” (las negrillas fueron agregadas).

A partir de la precisión realizada por el Fundamento Jurídico glosado, por el principio de inmediatez se concibe a la acción de amparo constitucional como un mecanismo expedito y sencillo en la protección de derechos fundamentales que, para ser activada de manera efectiva, necesita ser interpuesta en el plazo máximo de seis meses establecido por la Constitución Política del Estado; caso contrario caduca, impidiendo que la justicia constitucional ingrese a examinar el problema de fondo.