SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1046/2019-S1

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Janette Carolina Tapia Soria, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en mayo y junio de 2019, se verificó el juicio oral, en el que acertadamente fue absuelto de culpa y pena por no concurrir el delito; empero, los Jueces Técnicos demandados, usurpando competencias y atribuciones, de oficio pronunciaron una inédita Sentencia condenatoria en su contra por el ilícito penal de injurias por el que nunca fue juzgado en forma previa, ya que simplemente “fue un invento o una actitud de revancha” (sic) por parte de dichas autoridades judiciales a quienes “les dolió” una anterior acción de libertad interpuesta; por cuanto, tras una inesperada amenaza de la Jueza Juana Aban Velázquez, que se constituye en una inadmisible forma de administrar justicia, fue condenado sin un proceso previo y negándole su derecho a la defensa.

Señala que la Sentencia 26/2019 de 6 de junio, le declaró absuelto de pena y culpa del delito de abuso sexual; empero, en el marco de lo previsto por el         art. 41 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y en base al principio iura novit curia, impartiendo justicia, señaló que es autor y culpable del delito de orden particular de injuria tipificado y sancionado por el primer párrafo del art. 287 del Código Penal (CP), a ese efecto entre otras medidas, le condenó a la prestación de trabajo de un año como apoyo al ornato público del municipio de Tarija, consistente en un día a la semana y multa de treinta días equivalentes a Bs100.- (cien bolivianos) por día, a cumplirse a partir de la ejecutoria del fallo, con costas a favor del Estado y reparación de daños y perjuicios ocasionados a la víctima. 

Agrega que las autoridades demandadas, sin tomar en cuenta la Norma Suprema, el Pacto de San José de Costa Rica, las leyes e inclusive al margen de la cordura moral e inteligencia humana, impusieron una Sentencia de imposible cumplimiento que le provocó una muerte civil y consiguiente medida de destierro que le tiene psicológicamente afectado, porque perdió el sueño y su capacidad laboral y hasta sexual que se extiende a su familia, pues el fallo, que no tomó en cuenta el retiro de la acusación formal y particular, fue en base a la declaración de testigos no presenciales y una supuesta acusación particular.