SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2019-S4

A través de la presente acción de libertad, el accionante denuncia que se lesionaron sus derechos a la vida, a la salud y a la seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, el 9 de julio de 2019, se celebró la audiencia de juicio oral, cuya acta de audiencia no se le entregó hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar, y no obstante a que dicha omisión fue denunciada ante la Jueza de la causa demandada, se hizo caso omiso a su petitorio, impidiéndole asumir defensa y recuperar su libertad, puesto que se encuentra con detención domiciliaria.

Precisado el objeto y causa de la presente acción de libertad, del desarrollo efectuado en Conclusiones de este fallo constitucional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Álvaro Marco Cabezas –ahora accionante– por la presunta comisión del delito de estupro, se celebró la audiencia de juicio oral el 9 de julio de 2019, cuya acta no le fue entregada, impidiéndole asumir defensa y de ese modo, recuperar su libertad; motivo por el cual, mediante memorial presentado 17 de julio de igual año, denunció tal extremo ante la Jueza demandada, quien en mérito al mismo, por proveído de 18 del referido mes y año, conminó a la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Sexto, que en suplencia legal de su similar Cuarto intervino en la señalada audiencia, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, arrime el acta al cuaderno procesal, sin que hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, se hubiera dado curso a dicha orden judicial, pues no existe evidencia alguna de que la misma hubiese sido adjuntada.

De lo anotado, se advierte que la presente acción tutelar fue planteada contra Patricia Medrano Ávila, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto y Patricia Helen Álvarez Ponce, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Sexto, ambas del departamento de La Paz, por no haber procurado en el primer caso, lograr efectivizar la entrega del acta de audiencia de juicio oral; y en el segundo caso, por no elaborar la misma, pese a existir una conminatoria de cumplimiento realizada por la autoridad jurisdiccional; razón por la cual, corresponde realizar el análisis de la autoridad y funcionaria pública demandadas de manera individualizada.