SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0984/2019-S4

Dentro del proceso de saneamiento de la propiedad de sus mandantes, denominado “El Matorral”, se advirtieron irregularidades, ya que dicho predio pertenece a Gerson Ricardo y Rafael ambos Eberhard, sin embargo, éste último no fue incorporado como copropietario en la Resolución Final de Saneamiento, pese a contar con el respectivo registro en Derechos Reales (DD.RR.), dejándose vencer plazos, sin haber sido notificado para que asuma defensa.

En el Informe en Conclusiones del predio “El Matorral”, entre otras consideraciones, se hizo mención a la RA RES-ADM-RA-SS 275009/2012 de 7 de diciembre, misma que no pudo ser encontrada en el expediente de saneamiento, lo que generó incertidumbre; toda vez que, no se supo cuál fue el contenido de dicha Resolución, vulnerando así el principio de seguridad jurídica. Además de ello, con relación a las observaciones advertidas en el referido Informe, se evidenció que en su contenido se hizo mención a que si bien los propietarios del predio “El Matorral” cumplieron con la Función Económica Social (FES), al presentar una Resolución Administrativa que aprobó el Plan Operativo Anual Forestal (POAF); sin embargo, no fue considerado debido a que el expediente agrario 56592 se encontraba anulado, en virtud a la Sentencia Agraria Nacional S1ª 039/2011 de 22 de julio; empero, ésta solo anuló las Resoluciones Administrativas (RRAA) SS 1121 de 27 de octubre de 2009 y 0121/2010 de 4 de marzo, fallos que correspondían únicamente al predio “El Triunfo” y no así al de sus mandantes; Informe en Conclusiones que fue notificado mediante cédula firmada por Miguel Gómez Chura, Secretario de Relaciones de la Central de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz; lesionando lo dispuesto en el inciso b) del art. 71 del Decreto Supremo (DS) 29215, ya que si bien la cédula se encontraba firmada por el mencionado Secretario, no es menos cierto que éste tiene un conflicto de intereses con el predio de sus mandantes, contra quien se presentaron distintas denuncias por avasallamiento, además de haber sido admitido como control social en el proceso de saneamiento de referencia, por lo tanto su participación no fue válida, por no ser un testigo de actuación propiamente dicho.

No obstante, a estos vicios se emitió la Resolución Final de Saneamiento RA RA-SS 1946/2013 de 5 de noviembre, que dispuso, entre otros aspectos, anular el Auto de Vista de 21 de enero de 1992 y el trámite agrario de Dotación 56592 del predio “El Matorral”, otorgado a favor de Juan Norberto Carballo con la superficie de “2380.56002” ha, de quien deriva su derecho propietario, declarando asimismo la ilegalidad de la posesión de Gerson Ricardo Eberhard respecto al predio mencionado y disponiendo su desalojo. Con ello, se vulneraron los arts. 159 y 161 del DS 29215 y 393 de la Constitución Política del Estado (CPE), al no tomar en cuenta el valor supremo de la prueba que constituye la verificación en campo para evaluar a la FES y que están recogidos en los diferentes informes que forman parte del expediente del proceso de saneamiento del predio de sus poderdantes, incumpliendo con los siguientes precedentes: S2ª 27/2004, Sala L 11/2012, S2ª L 32/2012, S2ª L 35/2012, S2ª L 36/2012 y S2ª L 41/2012.

El INRA no es la entidad idónea para desconocer un acto administrativo estable, tal como es la anulación del Auto de Vista de 21 de enero de 1992 y el trámite Agrario de Dotación 56592, que tiene una data de más de una treintena de años; toda vez que, estos actos emitidos ya fueron considerados ejecutoriados y pasados en autoridad de cosa juzgada; por lo que, el ente administrativo al reconocer un derecho constitucionalmente protegido como es el derecho propietario de Juan Norberto Carvallo, fue realizado sin restricción alguna, con la facultad de usar, gozar y disponer del predio dotado, es en ese sentido que se procedió a transferir a los sucesores del derecho que hoy detentan sus mandantes, acreditándose el derecho traslativo de dominio de la propiedad “El Matorral”, extralimitando sus atribuciones establecidas por ley, puesto que no tomó en cuenta la tradición civil y la posesión sobre el predio de referencia con la respectiva sucesión de la posesión que data de 1991; es decir, con anterioridad a la promulgación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, lesionándose los principios de buena fe y de razonabilidad y como consecuencia directa el derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute.

Ante la supuesta existencia de vicios de nulidad absoluta identificados por el INRA, se tiene que estos son atribuibles exclusivamente al administrador, no pudiendo ser valorados contraviniendo el derecho constitucional del administrado; por lo que, el INRA debió realizar una interpretación extensiva a partir de la aplicación directa de los principios, garantías y derechos constitucionales, en vinculatoriedad de las líneas jurisprudenciales emitidas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental (SCP 0121/2012 de 2 de mayo y S1ª 97/2017 de 16 de octubre).

En ese entendido, se advirtió que la RA RA-SS 1946/2013, incurrió en incongruencia interna y externa, conforme así lo expresa el art. 213 del Código Procesal Civil (CPC), aplicable de manera supletoria, ya que los antecedentes del proceso de saneamiento refieren una cosa, el informe en conclusiones otra y la Resolución Final de Saneamiento aspectos totalmente contradictorios.

Producto de aquellos hechos, se planteó un incidente de nulidad solicitando se declare la nulidad de la notificación practicada con la RA RA-SS 1946/2013, emitiéndose el Informe Legal JRLL-SCE-INF-SAN 492/2018 de 9 de agosto, que negó su pedido, señalando que el mismo no se enmarcó en las causales de nulidad establecidas en el art. 74 del DS 29215, refiriendo que la notificación por cédula efectuada el 6 de diciembre de 2014, no vulneró derecho alguno y no se dejó en indefensión, sugiriendo mantener válida y subsistente la Resolución mencionada; siendo que la diligencia aludida, se practicó a personas extrañas, quienes en su momento solicitaron la dotación de los predios de sus mandantes, contraviniendo con ello, lo dispuesto en los arts. 70 y 74 del mencionado Decreto Supremo.