SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1079/2019-S1

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, la Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento de Oruro -ahora demandada-, emitió mandamiento de aprehensión, careciendo de formalidades de validez, conforme establece el último párrafo del art. 182.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en razón a que el mismo contaba con facultades de allanamiento de domicilio con carácter indefinido, pudiendo ejecutarse de lunes a domingo; asimismo, señaló de manera incorrecta la dirección de su domicilio citándose tres calles y una numeración sin establecerse concretamente a cuál de las tres calles correspondía la misma. Por otra parte, se tiene que, en todo allanamiento de domicilio, debe existir la participación obligatoria del Fiscal de Materia, pero en la Resolución 186/2019 de 1 de julio, correspondiente al Auto Motivado de Aprehensión con facultad de allanamiento, la nombrada autoridad no mencionó la participación de algún Fiscal designado, dejando abierta la posibilidad a la víctima de allanar su domicilio, en base a un mandamiento con falencias y omisiones insalvables, al no contar con la dirección funcional de un Fiscal de Materia y con una determinada vigencia de noventa y seis horas conforme prevé la citada normativa y que no fueron mencionadas en dicha Resolución, posibilitando la ejecución de una aprehensión completamente arbitraria.