SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1049/2019-S4

En el caso analizado, la parte accionante denuncia que con la Resolución de Rechazo de 29 de enero de 2018, pronunciada por los Fiscales de Materia asignados al caso –ahora demandados– y la Resolución Jerárquica 920/18, emitida por el entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz en suplencia legal –hoy codemandado–, que ratificó la primera; atentaron contra su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, defensa, propiedad privada, protección judicial; así como los principios de legalidad e igualdad de partes; toda vez que, sin considerar los elementos probatorios aportados durante la investigación, que demostraban la comisión de los ilícitos perseguidos y afirmando la falta del dolo como requisito imprescindible para la configuración del prevaricato, determinaron rechazar la denuncia favoreciendo a los sindicados; no obstante haber admitido que las resoluciones tachadas de prevaricadoras, permitieron el embargo otros bienes distintos a los que fueron dados en garantía hipotecaria, en franca vulneración de lo establecido por el art. 1471 del CC.

Antes de ingresar al fondo de la problemática y considerando que los Fiscales de Materia que pronunciaron la Resolución de Rechazo, son codemandados en la presente acción, cabe establecer que el análisis se realizará a partir de la Resolución Jerárquica impugnada, ello debido a que ante la objeción al referido rechazo, es el Fiscal Departamental como autoridad jerárquica del Ministerio Público, el llamado a revisar de acuerdo a los principios de pertinencia y congruencia las resoluciones emitidas por los Fiscales de Materia, en ese marco corresponde pronunciarse únicamente sobre la Resolución Jerárquica 920/18, pues es a través de ésta que se deben analizar los supuestos de vulneración de derechos fundamentales.

De antecedentes, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Erwin Reyes Vargas por sí y en representación de la empresa ALFA NATURA S.R.L., por la supuesta comisión de los delitos de prevaricato en grado de autoría e instigación, contra Edgar Molina Aponte, actuales Vocales; Adhemar Fernández Ripalda, Jimmy Fernando López Rojas, ex Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Jaime Arauz Ruiz, Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de Santa Cruz; y Blanca Rossio Flores de Rojas, Edita Pedraza Becerra, Fiscales de Materia, demandadas que emitieron la Resolución de Rechazo 29 de enero de 2018, a favor de los sindicados, concluyendo que no existían suficientes elementos probatorios para lograr el convencimiento de fundar una imputación (Conclusión II.1). Impugnado que fue el requerimiento, por Resolución Jerárquica 920/18, José Centenaro Cardozo, Fiscal Departamental de Santa Cruz en Suplencia Legal, ratificó la Resolución de Rechazo (Conclusión II.3), dando lugar a la presente acción de amparo constitucional.

La parte accionante en la presente acción tutelar denuncia que la Resolución Jerárquica cuestionada, no cumplió con la exigencia de la debida motivación, fundamentación y congruencia de su decisión; argumentando que se limitó a señalar que el Juez a quo tenía competencia para dictar medidas precautorias, pues lo que se buscaba era garantizar o asegurar la eficacia de la sentencia a dictarse; concluyendo así, que si bien existía la prohibición expresa prevista en el art. 1471 del CC, las resoluciones dictadas por las autoridades denunciadas no eran manifiestamente contrarias a la ley; toda vez que, para la configuración del tipo penal de prevaricato, se debía evidenciar la malévola intención de producir un torcimiento del derecho (dolo).