SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1064/2019-S2

Solicita se le conceda la tutela impetrada, disponiendo que el demandado dé respuesta a la carta de 24 de mayo de 2019, otorgando fotocopias legalizadas de los documentos de la Asamblea Extraordinaria de Copropietarios de 22 de junio de 2009 y de la Asamblea Ordinaria de 9 de diciembre de 2015, especificando bajo el siguiente detalle: a) Convocatorias de las referidas asambleas; b) Notificaciones a los asociados del Condominio con las convocatorias a las referidas asambleas; c) El orden del día para las respectivas asambleas; d) Actas de las mencionadas asambleas; e) Lista de los asistentes y/o participantes de los copropietarios, debidamente firmadas; f) Los instrumentos legales, reglamentos, estatutos y/o resoluciones que fueron aprobadas o modificadas en las indicadas Asambleas;         g) Informe de “ADECO” de 5 de junio de 2013; h) Acta de reunión de Directorio del Condominio de 21 de agosto de 2013; i) La Resolución de Personalidad Jurídica de la Asociación de Copropietarios del referido Condominio, extendida por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y su respectivo estatuto con el que se aprobó; y, j) En caso que existiera una nueva resolución extendida por las Oficinas de Personalidad Jurídica de la Gobernación de Santa Cruz sobre alguna modificación a los estatutos y reglamentos, se extienda también esta resolución, más los estatutos y reglamentos que hubieran sido modificados.

…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad.

Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: b.1) Ausencia de respuesta formal; b.2) Falta de respuesta material; b.3) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, c) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito.

               Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.

La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos:   a) En el término establecido por ley^[9]; y, b) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable^[10].