SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1167/2019-S1
Fecha: 02-Dic-2019
1)
El accionante por intermedio de su abogado en audiencia, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su demanda y en uso de su derecho a la réplica respecto a lo manifestado por el apoderado legal de la máxima autoridad municipal demandada, señaló que: 1) El razonamiento expuesto relativo a que si son contratos de trabajo o no; si tienen calidad de contratos administrativos o no, ya fueron objeto de análisis al interior de la Jefatura Departamental del Trabajo de Oruro y obtuvieron una respuesta en la Conminatoria 024/2019 que fue emitida por esa instancia ministerial fundamentada no solo en la ley laboral sino en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, jurisprudencia constitucional y otros donde establecen la primacía de la relación laboral, la protección de la estabilidad laboral; y, 2) Se busca desnaturalizar la aplicación del Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010 que modifica el DS 28699 de 1 de mayo de 2006 que la conminatoria es de cumplimiento obligatorio a partir de su notificación pudiendo ser impugnada únicamente por vía judicial que tampoco implica la suspensión para su ejecución.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre el
- De acuerdo al art. 46.I.2 de la CPE, toda persona tiene derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias; asimismo, el art. 48. I y II
- Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.
- III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.
- V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’.
- Por otra parte este Convenio en su art. 8, establece el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada. En este caso según el art. 10: «Si los organismos encargados de la verificación llegan a la conclusión de que la terminación es arbitraria e intempestiva, el Convenio prevé conforme a la legislación y la práctica nacional la anulación de la terminación, o sea, la readmisión del trabajador, o el pago de una indemnización adecuada».
- Del desarrollo normativo precedente, podemos concluir que a partir de la nueva visión de un Estado Social de Derecho; la estructura normativa en sus diferentes ámbitos está dirigida en lo fundamental a proteger a las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador
- III.2. Análisis del caso concreto
- III.3. Otras consideraciones
- Fragmento 20