SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1167/2019-S1

El 31 de diciembre de 2018, fue sorprendido con el Memorando 1388-18 de agradecimiento de servicios emitido por Saúl Josué Aguilar Torrico, en su condición de Alcalde del GAM de Oruro –hoy demandado–, quien rescindió su contrato laboral sin considerar que prestó servicios laborales de forma continua e ininterrumpida conforme lo acredita la suscripción de seis contratos de manera sucesiva como son los Contratos 0068/15, con vigencia del 1 de julio de 2015 al 24 de septiembre del mismo año; 0363/15 con vigencia del 1 de octubre –de 2015– hasta el 30 de septiembre de 2016; 561/16, con vigencia del 6 de octubre de 2016 hasta el 30 de diciembre de similar año; 0059/17, con vigencia del 6 de enero de 2017 hasta el 30 de diciembre de igual año; 0103/18 con vigencia del 8 de enero de 2018 hasta el 30 de marzo del mismo año; y, 440/18 con vigencia del 5 de abril de 2018 hasta el 4 de abril de 2019.

Ante aquella decisión unilateral y discrecional prohibida por ley, el 14 de marzo de 2019 acudió ante la autoridad municipal a fin de solicitarle la reincorporación a su fuente de trabajo, explicándole que en los argumentos del referido Memorando de agradecimiento de servicios no explicaba los motivos por los que fue despedido, y por lo tanto, no existiría fundamento alguno para ese efecto; consecuentemente para la resolución del contrato se debió cumplir las normas estipuladas en el mismo o presentarse alguna de las causales establecidas en la Ley General del Trabajo, por lo mismo gozaba de los derechos de estabilidad laboral y trabajo a mérito de tener seis contratos sucesivos al encontrarse los trabajadores municipales amparados en la citada Ley y el despido efectuado se hallaba al margen de las causales señaladas en el art. 16 de la indicada Ley o 9 de su Decreto reglamentario, menos en las causales de resolución del acuerdo laboral.

Al no tener respuesta alguna (en la vía interna) acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro, donde convocada la autoridad municipal demandada a una audiencia sustentó la determinación reclamada alegando vulneración de la ley y aplicación de la cláusula octava del contrato laboral, no obstante no acreditó dichos aspectos documentalmente demostrándose claramente que la decisión asumida se encontraba dentro las causales de despido injustificado; motivo por el cual la repartición del trabajo mediante Conminatoria 024/2019 de 5 de abril, determinó conminar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del GAM de Oruro –hoy demandado– su inmediata reincorporación laboral en el plazo de tres días de su legal notificación más el pago de los salarios devengados y todos sus derechos sociales que correspondan a la fecha de su reincorporación; notificación que fue efectivizada el 5 de abril de 2019, sin que de su parte se haya cumplido con dicha orden expresa.