SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2019-S2
Fecha: 20-Feb-2019
a)
El accionante solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad de la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 39/2017, emitido por la Sala Primera del Tribunal Agroambiental; b) La emisión de una nueva resolución, de acuerdo a los fundamentos de la presente acción popular; y, c) El respeto a los arts. 2 y 394.III de la CPE.
Bernabé Roque Lovaton en representación de la comunidad Machacamarca presente en audiencia mediante su abogado, expresó: a) No es comprensible la acción popular, por cuanto no explica los derechos conculcados con la Sentencia Agroambiental impugnada, existiendo una resolución errónea que no fue objetada en su oportunidad en el proceso de saneamiento; b) Los derechos vulnerados en la acción popular no tienen nada que ver con lo señalado en la Constitución Política del Estado (arts. 2, 30 y 394) los que han sido parcialmente citados, por cuanto lo establecido en las citadas normas constitucionales, favorecen al Ayllu Machacamarca, el que también se constituye en un pueblo indígena originario y campesino, con los mismos derechos que el impetrante de tutela; c) En el proceso contencioso administrativo, hicieron uso del derecho a la defensa en relación al art. 2 de la CPE, derecho colectivo para todos los estantes y habitantes del Estado, además se debe tener presente el art. 30 de la Norma Suprema en relación al art. 394 constitucional, es un derecho que tienen de su auto gobernación en un territorio y se deben respetar los estándares internacionales en cuanto a sus derechos colectivos; y, d) La vía era el amparo constitucional y no la acción popular, por cuanto no se vinculó ningún derecho conforme a los arts. 78 y 180 de la CPE.
a) Sobre el incumplimiento por parte del INRA de lo establecido por el art. 394.III de la CPE, relativo a la intencionalidad de la entidad ejecutante del saneamiento de dividir al Ayllu, la indicada Resolución señala que fueron los tres Ayllus que participaron en el proceso de saneamiento desde su inicio, es decir, cada Ayllu con su representante, citando la documental que da cuenta de la participación de los tres sectores; hace referencia igualmente al “Informe Legal CPA N° 077/2015 de 5 de febrero” (sic), que sugirió la rectificación de la RS 09767, expresando que con dicha rectificación se estaría adecuando a la voluntad y realidad de las peticiones, por cuanto los tres Ayllus habrían acreditado su creación y existencia con la presentación de sus personalidades jurídicas, rectificación que se produjo con la RS 15301, aseverando que no favorecieron el desmembramiento del Ayllu, pues ello responde a la voluntad y petición de los tres sectores involucrados, estableciendo con dicha inclusión la complementariedad de sus derechos colectivos e individuales y el respeto a la unidad territorial con identidad.
- acción popular
- a)
- 1)
- i)
- denegar
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III.2. La acción popular como vía idónea para la tutela de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Jurisprudencia reiterada
- Efectivamente, la flexibilización procesal es una de las características esenciales de esta acción popular que se manifiesta, conforme a la jurisprudencia glosada, en la inexistencia de un plazo de caducidad, del principio de subsidiariedad y la legitimación activa amplia, en la medida en que puede ser presentada por cualquier persona, a título individual o colectivo. Además de dichas características, debe señalarse que esta acción no puede ser rechazada por el incumplimiento de los requisitos previstos en el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), pues tiene una naturaleza informal en virtud, precisamente, a la naturaleza colectiva o difusa de los derechos protegidos.
- En el marco de lo anotado, y de las características de nuestro modelo de Estado, la acción popular es el mecanismo idóneo, para la tutela de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, frente a actos u omisiones de las autoridades o personas individuales o colectivas que violen los derechos colectivos previstos en el art. 30 de la CPE, en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como los otros derechos subjetivos previstos tanto en nuestra Constitución como los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, ejercitados colectivamente por las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en el marco de lo previsto por el art. 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que: ‘Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos’; dimensión colectiva de los derechos que ya se encontraba prevista en el art. 3 del Convenio 169 de la OIT, que señala: ‘Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de estos pueblos’.
- En ese sentido, al ser la acción popular el medio idóneo para la tutela de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, es esa vía la que debe ser utilizada cuando acudan a la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales propiamente colectivos, como los previstos en el art. 30 de la CPE, u otros derechos fundamentales ejercidos colectivamente
- III.3. Sobre los derechos a la libre determinación, de territorialidad y a la titulación colectiva de tierras y territorios
- 6. A la titulación colectiva de tierras y territorios
- Entonces, el hábitat de los indígenas, comprende no solo la tierra, sino también el territorio; es decir, abarca el espacio ancestral en la que desarrolla sus específicas formas de vida, donde se desarrolla su cultura, espiritualidad, su organización social y política, así como sus conocimientos en relación a los recursos naturales y se despliegan todas sus instituciones.
- Ese espacio geográfico, es su casa grande, donde todas las cosas pertenecen a todos y a nadie en particular, bajo una comprensión integral, entonces su territorio, son sus ríos, cerros, montañas, cascadas, bosques, plantas, árboles etc., cada uno en su especie, están llenos de significados profundos sobre la cosmovisión de estos pueblos, para ellos el hábitat es el santuario, pues allí está su medicina, sus alimentos, lo que da vida, lo que mantiene y alivia el espíritu, es el principio y el fin, es su vida misma, en conexión con el ‘multiverso’ y aún después de la muerte sus ‘ajayus’ estarán allí, bajo otra forma de expresión, por ello deben ser preservados y respetados.
- El territorio de las naciones y pueblos indígenas, es fundamental para su supervivencia y continuidad, por ello es que las diferentes normas internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocen la importancia fundamental de los derechos territoriales indígenas, y la necesidad de garantizarlos y establecer los mecanismos necesarios para su materialización; pues, de no hacerlo, se atenta contra la existencia misma de estos pueblos.
- Los pueblos indígenas tienen prácticas y concepciones propias, donde la propiedad de la tierra es compartida y heredada de generación en generación, con un valor de uso y no de cambio. Es la casa grande, donde cada nación, pueblo y comunidad indígena tiene el derecho de usar, gozar, disfrutar y administrar un bien material o inmaterial, cuya titularidad pertenece a todos y cada uno de sus miembros y que es fundamental, como se tiene señalado, para la existencia misma del pueblo indígena.
- Conforme a las normas antes referidas y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es evidente que los pueblos indígenas tienen derecho a la titulación de las tierras y territorios que tradicionalmente han ocupado; derecho que se extiende a los recursos naturales que se encuentran en los mismos. Para la materialización de este derecho tanto el Convenio 169 de la OIT, como la Declaración de las Naciones Unidas, establece que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para asegurar el reconocimiento de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas; reconocimiento que debe respetar ‘debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de las tierras de los pueblos indígenas de que se trate’, conforme señalar el art. 26.3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que ha sido glosada precedentemente.
- Conforme a ello, los Estados deben tomar en cuentan la naturaleza de los derechos territoriales indígenas, que tienen un concepto más amplio y diferente, relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, siendo una condición el control de su hábitat para la reproducción de su cultura, desarrollo y planes de vida. Por ello, la misma Corte se inclinó por la prevalencia de los intereses territoriales indígenas por sobre los particulares o estatales, aclarando, empero que ello no significa que en todos los casos se de esta prevalencia, pues pueden existir razones concretas y justificadas que impidan devolver el territorio, supuesto en el cual, los pueblos indígenas tienen derecho a elegir y a que se les entreguen tierras alternativas, el pago de una justa indemnización o ambos”
- b)
- c)
- d)
- CONFIRMAR