SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0030/2019-S1

         Orzo Fernando Oblitas Siles, ex Fiscal Departamental de la Policía Boliviana de La Paz, en audiencia y a través de su apoderado manifestó que: i) La ahora accionante pretende fusionar dos casos distintos; por cuanto, en uno la denuncia está dirigida contra el “sub oficial” David Luna y en el segundo contra el “capitán Balderrama”; en consecuencia, los casos y sujetos son diferentes, así como las resoluciones de rechazo de los mismos; ii) El principio de subsidiariedad, debe examinarse a tiempo de admitirse la presente acción tutelar, considerando que la vía administrativa en el presente caso no ha sido agotada; pues, la peticionante de tutela fue notificada el 9 de noviembre de 2017 con la Resolución de Rechazo y presentó su impugnación fuera de plazo siendo desestimada por extemporánea, hecho que “…motiva la inagotabilidad del principio de subsidiariedad del principio de subsidiariedad…” (sic); iii) No refiere cual es el derecho vulnerado, solo menciona el derecho a la petición; sin embargo, para plantear una acción de amparo constitucional se deben identificar plenamente los derechos presuntamente lesionados; iv) En la presente acción tutelar si existen terceros interesados, y son el “Sub Oficial” David Luna y el “Capitán Balderrama”, entre otros, contra quienes la hoy impetrante de tutela interpuso las denuncias que merecieron las Resoluciones de Rechazo que son cuestionadas a través de esta acción tutelar, estando presente en audiencia y asistido por su abogado el primero de los nombrados y si su autoridad “dispusiera procedente” (sic) esta acción de amparo constitucional, sus derechos fundamentales y garantías constitucionales se verían afectados; v) La Policía Boliviana se rige y basa en la Constitución Política del Estado, en la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, en el Reglamento de Personal, la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana y el Reglamento de la Fiscalía Policial; en ese marco, los directores nacionales disponen el cambio de los servidores públicos; es así que, el “Capitán Balderrama” uno de los denunciados por la ahora accionante, se encontraba en la ciudad de Trinidad, debiendo oficiarse un requerimiento fiscal en la vía de cooperación para su notificación, razón por la cual no se cumplió el plazo de setenta y dos horas ahora cuestionado; y, vi) En relación al principio de inmediatez, la Fiscalía Policial no tiene conocimiento de cuando se presentó esta acción de amparo constitucional; sin embargo, la ahora accionante fue notificada en diciembre de 2017 en uno de los casos y en noviembre de similar año en el otro; consiguientemente, al pretender fusionar los dos casos, desconocemos desde cuándo se debe computar el plazo de los seis meses.