SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0021/2019
Fecha: 24-Abr-2019
II.2.
II.2. El 11 de diciembre de 2015, Guido Flores Flores, Responsable de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Apolo del departamento de La Paz, certificó: “Que las señoras María Teresa Montaño Molina con NRO. C.I. 2625434 L.P. y Ruth Rina Montaño de Ambrose, con NRO. C.I. 472168 L.P., con numero de Padrón Municipal de Contribuyente NRO. 00000773/03, tiene los impuestos pagados al día de su inmueble urbano, ubicado en el Pasaje Juan Pablo II del Barrio Juan Pablo II, en la Unidad de recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Apolo. Mencionar que el inmueble alcanza una superficie de 345.474,00 m2 (trescientos cuarenta y cinco mil, cuatrocientos setenta y cuatro 00/100 m2), según el sistema actual” (sic [fs. 123]).
- a)
- 1)
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. El control competencial de constitucionalidad
- III.2. Sobre el derecho a la propiedad privada vinculado al avasallamiento de acuerdo a la Ley 477 de 30 de diciembre de 2013
- III.3. Mecanismo o vía jurisdiccional de defensa idónea ante: i) Avasallamientos en predios agrarios o rurales; y, ii) Avasallamientos en predios urbanos que no tengan actividad agroambiental
- el elemento que determina cual es la jurisdicción que conoce de las acciones personales, reales y mixtas, es el carácter agrario de la propiedad, posesión o actividad; a este objeto al momento de determinar la jurisdicción se tomaba en cuenta la ubicación del inmueble objeto del litigio o el lugar de la actividad desarrollada; en este sentido, si el objeto del litigio o la actividad se desarrollaba en el área urbana, le eran aplicables las normas del Código Civil, en consecuencia la acción era de competencia de la jurisdicción ordinaria, en cambio si el objeto o la actividad era desarrollada en el área rural se aplicaban las normas de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, la acción era de competencia de la jurisdicción agraria; situación que es determinada por las ordenanzas municipales que delimitaban el área urbana civil, con la condición de que estas sean homologadas por el Poder -ahora Órgano- Ejecutivo, mediante una resolución suprema en cumplimiento al art. 8 de la Ley 1669’
- la Ley 477, que le otorga una nueva competencia a los jueces agroambientales no será posible que un juez agroambiental, por cuestiones de competencia pueda resolver situaciones donde se evidencien medidas de hecho vinculadas al avasallamiento, cuando se traten de predios o inmuebles donde no se advierta que el destino de la propiedad y las actividades desarrolladas no sea agroambiental
- III.4. Análisis del caso concreto
- amenazas