SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0168/2019-S4

En el caso concreto, la parte accionante sostiene que las autoridades demandadas lesionaron el debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia, pertinencia, valoración razonable y equitativa de la prueba y a la tutela judicial efectiva, vinculado con los principios de legalidad y seguridad jurídica, debido a que, de un lado, el AS 1183/2017, no examinó ni valoró la prueba presentada al proceso y tampoco resolvió todos los puntos cuestionados en el recurso; y de otro lado, interpretó y aplicó erróneamente las normas del Código Civil, cuando la competencia para resolver los problemas suscitados al interior de los sindicatos gremiales, en aplicación al art. 3 del Convenio 87 de la OIT, corresponde a los mismos sindicatos.

De los antecedentes del proceso se establece que Lourdes Ramírez Vedia, en representación legal de la Asociación Gremial de Comerciantes Minoristas y Ramas Anexas “15 de Agosto” del mercado La Ramada (El Pari Exterior), instauró demanda contra Martha Flores de Fernández, sobre reconocimiento del derecho al nombre, protección del nombre y cesación de uso lesivo, alegando que la demandada utiliza de manera indebida el nombre de la señalada Asociación Gremial (con la misma personalidad jurídica), obteniendo de esa forma, beneficios y privilegios indebidos, afirmando ser la representante legal de la misma; demanda que, luego de haber sido admitida, corrida en traslado a la parte contraria, fue tramitada y mereció la Sentencia 21/14 de 4 de agosto de 2014, que declaró por probada la demanda, disponiendo la cesación del uso del nombre de la Asociación Gremial de Comerciantes Minoristas y Ramas Anexas “15 de agosto” del mercado La Ramada por parte de la demandada y sus seguidores; formulado el recurso de apelación contra la indicada Sentencia, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 53/2016 de 7 de julio, confirmó la Resolución apelada; decisión que fue impugnada en casación y resuelta por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a través del citado Auto Supremo, por el cual declaró infundado el recurso interpuesto.