SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0252/2019-S2

Dicha Resolución se fundamentó en el sentido que: 1) La citación de 7 de julio de 2018, practicada a “José Ramiro Ayala y hnos”, con la orden de fiscalización y la Resolución determinativa, no cumple con las formalidades de ley, debido a que la orden de fiscalización es el primer actuado administrativo para asumir defensa y tienen por objeto poner en conocimiento de las Resoluciones y actos procesales a las partes; aspecto que en el caso concreto no ocurrió, máxime si la señalada notificación no indica que tal diligencia se hubiera practicado a los ahora accionantes; y, 2) Por consiguiente, se concluye que se vulneró el derecho al debido proceso de los impetrantes de tutela, por cuanto no consta en dicha diligencia de notificación sus nombres y domicilios, por deducido corresponde otorgar la tutela planteada en la presente acción tutelar.