SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0343/2019-S1

Por otra parte, el art. 97.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), establece como establecimiento uno de los requisitos de contenido de la acción de amparo constitucional el señalamiento del nombre y domicilio de la parte ‘recurrida’ o de su representante legal, aspecto que vincula tanto el de la legitimación pasiva, así como la efectivización de la citación, a efectos de garantizar el derecho a la defensa. Así lo ha entendido la SC 0493/2007-R de 13 de junio, la cual no se aparta del contexto constitucional vigente y que en virtud al mismo razonamiento señaló: ‘La citación con el recurso y el auto de admisión, tiene vital importancia para la sustanciación de las acciones tutelares, por cuanto, al igual que en otro proceso judicial tiene la finalidad de poner en conocimiento del o los recurridos los hechos denunciados y los fundamentos expuestos por el recurrente, a objeto de que el recurrido pueda asumir su defensa al tiempo de presentar el informe con relación a los hechos denunciados, defensa que consistirá en desvirtuar los fundamentos de hecho y de derecho expresados por el recurrente, presentar las pruebas que demuestren la legalidad de los actos denunciados de lesivos de los derechos fundamentales. Entonces, si bien es cierto que, dada la naturaleza jurídica de las acciones tutelares y su tramitación sumarísima se prescinden de algunas formalidades procesales para la citación cedularia, no es menos cierto que la citación debe cumplir con su finalidad de hacer que el recurrido tome conocimiento material del recurso; pues de contrario se vicia de nulidad la actuación procesal’»’”

De lo descrito precedentemente, se tiene que la citación es el acto jurídico procesal, mediante el cual el juez o tribunal efectúa un llamamiento a la persona demandada, para que en igualdad de condiciones asuma defensa; y en el caso de las acciones tutelares, tiene por finalidad comunicar o poner en conocimiento del demandado sobre la existencia de una acción en su contra y su contenido, lo que significa además, el cumplimiento de una formalidad esencial, por cuanto, en la medida que se cumpla el demandado asumirá defensa, lo que garantiza la prevalencia del debido proceso”. (las negrillas corresponden al texto original).