SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0359/2019-S4
Fecha: 13-Jun-2019
1)
Con la palabra, la parte accionante, reiteró los términos de la acción de defensa y los amplió señalando que: 1) Emitieron una decisión garantizando la vida de un menor de dos años; en consecuencia, el Ministerio Público se inmiscuyó en la actividad jurisdiccional del Tribunal de garantías, constituyendo un acto de amedrentamiento, por cuanto en cualquier momento pueden ser aprehendidos al haber sido abierta una acción penal en su contra; 2) La accionante Claret Llanos Martínez, se presentó al Ministerio Público el 5 de marzo de 2018 a horas 18:00 para prestar su declaración, conforme a la citación que le cursaron, acto al que se sujetó porque su incumplimiento podía conllevar su aprehensión, en mérito de lo cual asegura que no convalidó los actos; empero, si hubiera tenido conocimiento de que a través de la admisión de la acción de libertad –en actual análisis– se dispuso se deje en suspenso la citación de 28 de febrero de 2018, le hubiera exigido al Fiscal Carlos Alberto Luján, hoy demandado, que no le tome su declaración.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- ninguna autoridad ni el Ministerio Público y menos la Policía Nacional, están facultados para calificar de correcta o incorrecta la conducta de un juez o tribunal de garantías, a quienes les está reservada la facultad privativa de compulsar y valorar las pruebas aportada en los recursos que son de su conocimiento sobre las cuales fundara su decisión con absoluta independencia judicial…Por tanto ningún juez o Tribunal de garantáis puede ser sometido directamente a una acción penal por las resoluciones que emita dentro de acciones tutelares, sin que previamente el Tribunal constitucional proceda a revisar el fallo de origen y sin que existan elementos de convicción sobre su actuación dolosa y culposa
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- 1)
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- concedió
- II.2.4. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Lesiones al debido proceso y su defensa vía acción de libertad: Jurisprudencia reiterada
- la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión
- para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad
- pues el acoger mediante una acción de libertad otros elementos del debido proceso, que no estén vinculados directamente con el derecho a la libertad, resultaría desconocer la voluntad del legislador y desnaturalizar el alcance jurídicoconstitucional de la acción de amparo constitucional y de esta propia acción
- la activación de la acción de libertad para conocer presuntas vulneraciones del derecho al debido proceso, debe evaluarse en cada caso concreto, así por ejemplo, este Tribunal Constitucional Plurinacional, determinó que no podía ingresarse al fondo de la problemática, por no ser causa directa de la privación de libertad ni existir absoluto estado de indefensión
- III.2.
- a)
- REVOCAR