SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0288/2019-S3

En su condición de Gerente General de TOTAL E & P BOLIVIE SUCURSAL BOLIVIA, se encontró indebidamente procesado con la demanda laboral interpuesta por Gerard Michel Duchene, siendo que este nunca fue empleado por la citada empresa y no se le adeuda por ningún concepto; sin embargo por la demanda interpuesta fue arraigado por orden de la autoridad demandada mediante decreto de 7 de febrero 2019 -siendo lo correcto el 5 de igual mes y año-, pese a la orden judicial de retención de fondos por la suma de Bs16 607 156,77.- (dieciséis millones seiscientos siete mil ciento cincuenta y seis 77/100 bolivianos), aspecto puesto a conocimiento del Juez de origen y donde radica la causa mediante memorial expreso de presentación de certificación del Banco Mercantil Santa Cruz Sociedad Anónima (S.A) de 7 de ese mes y año y la improcedencia del arraigo, a lo que la autoridad demandada dispuso “…que se esté a la providencia de fecha 15 de febrero de 2019 que disponía se corra TRASLADO…” (sic), acto dilatorio y atentatorio a su libertad de locomoción por lo que tuvo que acudir a la vía constitucional; ya que habiéndose acreditado una verdad material como la retención económica, el juzgador debió sin mayor trámite disponer el desarraigo y evitar el perjuicio que le ocasiona la situación, tomando en cuenta que necesita viajar de manera urgente por motivos de salud al país de Francia, extremo también acreditado ante el Juzgado respectivo. Por ello el decreto de 5 de febrero de 2019 que dispuso su arraigo, se encuentra fuera de lo establecido por el art. 102 del Código Procesal de Trabajo (CPT), dado que existe una medida precautoria suficiente para cubrir el monto demandado que constituye la garantía del proceso desde el 18 de junio de 2018, atentando así a sus derechos y garantías constitucionales de la libre locomoción y la salud.