SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0288/2019-S3

Ahondando más sobre el tema, la citada SCP 2468/2012, estableció que en cuanto al contenido mínimo del derecho a la vida a protegerse y promoverse por el Estado y las autoridades públicas: «…toda decisión administrativa o judicial siempre deberá compulsar dos principios esenciales, que son: i) El principio de primacía de protección del derecho a la vida; y, ii) El principio de duda favorable en favor de la protección exhaustiva del derecho a la vida. Estos dos principios se deducen de la estructura normativa y jurisprudencial de este derecho en el contexto internacional de los Derechos Humanos y en el contexto constitucional boliviano (las negrillas nos corresponden).

Sobre qué es lo que se protege en relación al derecho a la vida, se le ha asignado tres concepciones distintas, que son: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, c) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado)».

En cuanto al último punto descrito en el párrafo anterior, el fallo constitucional glosado señaló: «…El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas....».

En este punto, es imprescindible enfatizar que, en conocimiento de solicitudes que involucren el derecho a la vida, las autoridades judiciales no pueden de modo alguno calificar el estado de salud del impetrante: «…sino valorar la credibilidad de los certificados médicos, pues lógicamente no puede asegurar que un simple dolor devenga o no en una enfermedad o problema de salud, que de no ser tratada a tiempo ponga en riesgo la vida, la salud o integridad de una o un imputado»; siendo claro que, el solicitante está obligado en consecuencia, a presentar los certificados médicos forenses y otros que acrediten la gravedad de su estado de salud para así poder obtener una respuesta favorable a sus requerimientos’” (las negritas son nuestras).